La muerte de Ilya T., un joven de 18 años, en un centro de menores de Almería a comienzos del mes de julio ha vuelto a reabrir la polémica sobre el uso de las contenciones mecánicas en estos espacios. La Junta de Andalucía, que apuntó inicialmente a un infarto del menor, ha pedido prudencia a la espera de conocer los resultados definitivos de la autopsia, que en sus primeras indagaciones habla de “signos de asfixia general” y vincula el fallecimiento con esa actuación de contención. Estos datos han llevado a la oenegé Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, personada en la investigación judicial, a cambiar los pasos a dar al apreciar “como mínimo, un potencial homicidio imprudente” ante el “uso excesivo de la fuerza” por parte de seis miembros del centro en la contención del joven.

Ilya, de nacionalidad marroquí, falleció el pasado 1 de julio poco después de aplicársele el protocolo de contención ante una “situación de agresividad”, y tras empezar a sufrir convulsiones y una parada cardiorrespiratoria en el centro Tierras de Oria. Al parecer el joven, consumidor de tóxicos con antecedentes penales pero no psiquiátricos, estaba haciéndose un tatuaje con métodos rudimentarios cuando comenzó una discusión con el personal del centro al ser recriminado. La discusión subió de tono y seis de los agentes de seguridad procedieron a aplicarle el protocolo de contención para esas situaciones, atándole de pies y manos a la cama y sentándose sobre él hasta que pierde el conocimiento, según consta en el informe pericial elaborado tras el visionado de las imágenes. A los 15 minutos, y tras comprobar que permanecía inmóvil, se avisó a un médico y se inició, sin éxito ya, la maniobra de reanimación.

Los primeros datos de la autopsia ponen precisamente en cuestión esa actuación del personal del centro. Según la información adelantada por el diario El PAIS, ese informe preliminar habla de “signos de asfixia general muy evidentes” y “no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón” en una muerte que, de momento, se define como súbita. El informe describe cómo el chico estaba boca abajo con la cabeza apoyada en la almohada y colchón y se le “ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda”, mientras otros monitores o vigilantes se sientan en las extremidades inferiores, haciendo presión sobre la zona lumbar, para colocarle las bridas. Unas maniobras y uso de personal que la la Red Española de Inmigración, personada como acusación popular, considera “excesivas” con independencia del historial de consumo de estupefacientes del joven. Reprochan además que es “ilógico” que se adoptasen tales medidas de contención “cuando el joven no tenía, según se conoce, partes o actuaciones previas”.

Tanto partidos políticos como oenegés y asociaciones han pedido depurar responsabilidades políticas de forma paralela a la investigación judicial que ha abierto un juzgado de Purchena para esclarecer la muerte del joven. En este sentido, Adelante Andalucía ha presentado tres preguntas parlamentarias para que el vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, ofrezca explicaciones sobre las circunstancias que rodean la muerte del chico durante una maniobra de contención por parte de miembros del equipo de seguridad de Tierras de Oria, además de solicitar información al ejecutivo regional sobre ese protocolo de aplicación de contenciones mecánicas en los últimos años e incluso el video con las imágenes de seguridad para comprobar qué ocurrió exactamente ese día.

�� Tras la muerte del joven del centro de menores de Tierras de Oria, hoy presento tres iniciativas para que el vicepresidente de la Junta de Andalucía dé explicaciones sobre lo que sucede en este centro, que acumula múltiples denuncias. pic.twitter.com/TTP47JOXhy

De la misma manera, los Defensores del Pueblo andaluz, nacional y del menor han abierto sus respectivas investigaciones de oficio pidiendo información a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía sobre lo ocurrido. El consejero andaluz de Justicia, Juan Marín, defendió este jueves que los protocolos de actuación “han funcionado como estaban establecidos” y que “cuando una persona parece que está autolesionándose y se produce una situación violenta, se sigue el protocolo con total rigor”, como asegura ocurrió en este caso.