La Oficina de Asilo ha comenzado a priorizar la resolución de las solicitudes de venezolanos para dar un respiro al sistema, saturado con unos 100.000 expedientes por resolver. La estrategia ha permitido que, por primera vez, este mes de junio las peticiones resueltas de este colectivo, que suponen cerca de un tercio de los nuevos solicitantes, hayan superado las recibidas. “La reducción paulatina del stock de expedientes de venezolanos impactará en el volumen de solicitudes pendientes”, confían desde el departamento, que depende del Ministerio del Interior.

La continua llegada de miles de venezolanos, colombianos y centroamericanos en busca de refugio en España está forzando las costuras de un sistema obsoleto e insuficente. Interior ya ha puesto en marcha un plan de choque para modernizar su aplicación informática y contratar personal, pero los cambios son lentos, las peticiones se multiplican y los récords se baten cada mes. La saturación del sistema también se ha visto en los recursos destinados a la acogida, gestionados por la Secretaría de Estado de Migraciones, que se ha visto incapaz de alojar a todos los solicitantes.

El mes de junio ha arrojado, de nuevo, cifras inéditas. El primer semestre se ha cerrado con más solicitudes de protección internacional que en todo 2018, según datos aportados por la Oficina de Asilo. El 15 de junio eran ya 55.516 expedientes frente a los 55.570 de todo el año anterior, un número que ya había supuesto un récord histórico empujando a España entre los cinco países europeos que más solicitantes de asilo reciben.

Por otro lado, y gracias a este empujón de junio, la Oficina ha conseguido resolver más casos en seis meses que en todo 2018. Ya son 14.993 expedientes cerrados, un 16% más que el año anterior. Más de la mitad de esas casi 15.000 peticiones que la Oficina ha elevado a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) para su resolución eran de venezolanos. Y prácticamente todas se han denegado.

Buena parte de los venezolanos que llegan a España no suelen cumplir los requisitos exigidos por ley para ser reconocidos como refugiados, como la persecución en el país de origen. Para evitar que tengan que abandonar España cuando se les deniega su petición, Interior aprobó este año una autorización de residencia y trabajo por razones humanitarias para el colectivo. El permiso, del que se han beneficiado ya 7.718 personas, la gran mayoría de Venezuela, se extiende por un año, prorrogable a dos.