Segovia, 19 jun (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo dedicado a favorecer la inmigración irregular desde Suramérica y ha detenido a ocho personas en Segovia, Madrid y Huelva acusadas de conformar un grupo criminal organizado, delito contra los derechos extranjeros y estafa a 400 inmigrantes.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha presentado este miércoles en una rueda de prensa los detalles de la Operación Adelita, junto al teniente coronel jefe de la Guardia Civil en Segovia, José Luis Ramírez.

Martín ha detallado que las cerca de 400 víctimas identificadas y afectadas por esta organización eran principalmente de nacionalidades hondureña, colombiana, nicaragüense y venezolana.

Ramírez ha subrayado la “vulnerabilidad” que sufrían, ya que al encontrarse en situación irregular no podían denunciar y trabajaban hasta catorce horas diarias por remuneraciones que oscilaban entre los seiscientos y los ochocientos euros mensuales, sin días libres y sin apenas descansos.

Este grupo criminal inició su actividad en noviembre de 2017 y actuaba en la mayoría de las provincias de España, ya que habían creado una red de clientes para localizar y canalizar a los inmigrantes hacia puestos de trabajo “escasamente remunerados” y con condiciones laborales “abusivas”, aprovechándose de la situación de precariedad que sufrían, ha explicado Mercedes Martín.

Las víctimas llegaban por vía aérea a París, viajaban y entraban en España en diferentes medios de transporte y luego les cobraban entre 250 y 500 euros por persona por colocarles en trabajos agrícolas o como empleadas de hogar.

Fruto de la investigación desarrollada por la Guardia Civil y la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo se han iniciado expedientes sancionadores contra los empresarios empleadores de estos inmigrantes contratados en situación irregular con multas que oscilan entre los 10.001 y 100.000 euros por infracción muy grave, ha asegurado la delegada del Gobierno.

Ramírez ha especificado que utilizaban una red para emplear a las víctimas y utilizaban el “maquillaje” de empresas y organizaciones como Cruz Roja o Cáritas para dar a los empleadores la imagen de situación regular.

Ha revelado que la red era liderada por una chilena afincada en España con contactos internacionales, sobre todo en Iberoamérica, y ha avanzado que, aunque la cifra de víctimas se calcula en 400, hay indicios de que pueda haber más de mil, pues las detenciones se han realizado durante los dos últimos meses pero operaban desde 2017.

En cuanto a los afectados, ha asegurado que, si han colaborado con las autoridades para desarticular esta organización y esclarecer los hechos, se les otorgará permiso de trabajo para que puedan regularizar su situación y trabajar en España.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Segovia, y ha sido desarrollada por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y la Comandancia de Segovia con el apoyo de agentes pertenecientes a diversas Comandancias del instituto armado.