Si la campaña del 2016 estuvo marcada por la retórica de Donald Trump contra los inmigrantes, la del 2020, que el presidente arrancó oficialmente esta pasada madrugada con un mitin en Orlando, sigue determinada por su obsesión por sellar las fronteras de EE.UU. Horas antes del acto en el que anunció su candidatura a la reelección a la presidencia, Trump ejerció de Trump y anunció vía Twitter que los agentes del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) harán redadas masivas a partir de la próxima semana para expulsar del país «a millones de ilegales» que saldrán «tan rápido como entraron». Lo irónico del asunto es que, para evitar poner en alerta a los posibles afectados, este tipo de operaciones no se anuncian. Las cosas de Trump. Precisamente el año pasado descalificó a la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, por avisar a sus vecinos de posibles redadas en esta ciudad californiana. Schaaf hizo una comparecencia televisiva en la que advirtió que tenía información «fiable» sobre una operación inminente de los agentes del ICE. Trump, que pidió entonces la imputación de la alcaldesa, lamentó que su aviso frustrara una acción en la que contaba con arrestar «a cerca de 1.000 personas». Oakland, situada frente a San Francisco, es una de las conocidas como ciudades santuario, localidades que se comprometen a no colaborar con los agentes de inmigración.

No está clara, sin embargo, la inminencia de las operaciones contra los simpapeles. Funcionarios de la Administración negaban ayer una operación inmediata, aunque reconocían que es «una prioridad máxima» para la Casa Blanca. En una declaración bajo condición de anonimato al canal ABC, uno de ellos cuantificaba «en más de un millón» el número de extranjeros que permanecen en el país tras haber recibido una orden de deportación. En su opinión, muchas de las peticiones de asilo que reciben de estos inmigrantes son «fraudulentas» y subrayó que «acumulan prestaciones sociales y trabajan ilegalmente en los EE.UU.». Como apuntan desde diversas organizaciones de apoyo a los inmigrantes, la garantía de obtener un trabajo es una de las razones que animan a emigrar de forma irregular a territorio norteamericano. Rara vez el Gobierno advierte de consecuencias a los empresarios que los contratan.
Un agente de la Policía Federal de México patrulla la zona fronteriza de Ciudad Juárez con Estados Unidos
Cae el flujo migratorio ante la presencia militar mexicana
También en materia migratoria, Donald Trump anunció que «Guatemala se está preparando para firmar un acuerdo de tercer país seguro», que implicaría que aquellas personas que salgan de Honduras o El Salvador, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, tendrían que solicitar primero asilo en este país. Toda una negación de las leyes internacionales, dado que difícilmente un país exportador de emigrantes puede ofrecer las garantías de un país receptor como Estados Unidos. En el 2018, más de 115.000 guatemaltecos fueron detenidos al intentar entrar irregularmente en el país. Una cifra solo superada por el número de mexicanos capturados.

Son los flecos que quedan por concretar de la nueva política fronteriza producto del acuerdo alcanzado el pasado 7 de junio con México, tras la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. Aranceles que marcan también la relación entre Estados Unidos y China. Trump tuiteó que, después de una «muy buena conversación telefónica» con el presidente chino, Xi Jinping, ambos se reunirán en la próxima cumbre del G-20 en Japón.