Todo empezó con tres golpes en la puerta a las 5.30 de la mañana. Tres golpes rápidos, muy seguidos, más por protocolo que por pedir permiso, y se precipitó el drama de la familia Alhaj. En ese momento, el matrimonio formado por Mahmoud y Muna y sus tres hijos, de 10, 8 y 2 años, dormían plácidamente en una habitación pequeña en Germersheim, en Alemania. No les dio tiempo a discernir si los golpes formaban parte del mundo de los sueños o del real. Cuando abrieron los ojos ya estaban rodeados de “al menos 20 policías”. Los padres fueron esposados de pies y manos, ella embarazada de ocho meses, y, a pesar de los gritos de los niños, los sacaron a los cinco “como a terroristas” de aquel lugar que empezaba a ser un hogar para poner rumbo a España. La familia forma parte de los 4.391 afectados registrados hasta el 31 de marzo por el Convenio de Dublín: reglamento de la Unión Europa que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde ponen los pies y registran sus huellas por primera vez. Ese gesto determina su futuro.

Este es el relato de la familia Alhaj, de origen sirio, que duerme junto a otros cuatro refugiados bajo el techo de la parroquia San Carlos Borromeo, en Vallecas, desde el pasado 8 de junio, tras ser obligados a coger un avión y volver donde no querían estar. “Fuimos a Alemania porque allí al menos tenemos familia y eso es importante para nosotros. No conocíamos el idioma, pero allí vive una hermana de Muna y queríamos estar cerca. Además, es un país seguro y creíamos que los niños tendrían un futuro y podrían estudiar”, explica en árabe Mahmoud Alhaj, de 37 años, con talante serio, quizás triste, sin una medio sonrisa en más de dos horas de conversación. A su lado, Muna, 31 años, más callada que él, interrumpe en contadas ocasiones el relato de su marido para matizar algún detalle. Mientras escucha, atenta, centra la mirada en un folio donde dibuja corazones con un rotulador azul a punto de jubilarse.

El viaje lo hicieron esposados y rodeados de policías. Rinad, la niña de dos años, vestía con la camiseta de manga corta con la que dormía aquella noche. No dio tiempo a nada más. Tampoco a darle la medicina que tomaba para bajar la fiebre que tenía desde hacía varios días. “Lo peor es el trato. Parecemos delincuentes”, se queja Mahmoud. Eso, y el racismo, apunta. Lo tiene clavado a fuego. A pesar de eso, lograron quedarse allí un año y tres meses. Los niños ya hablaban alemán fluido, iban a la escuela y los cinco aspiraban a asentarse.

Pero se toparon con la ley y un sistema que ya les había avisado hasta en tres ocasiones de lo inevitable: estaban obligados a volver a España. Eran las normas. Pero ellos esperaban algún tipo de “comprensión”. Una especie de milagro.

El reglamento europeo, sin embargo, no se basa en milagros, sino en números para lidiar con un problema que exige un orden regido por reglas bien definidas. En los seis primeros meses de 2019, 292.825 refugiados han entrado en Europa y, de ellos, 47.701 han fichado en España, según datos registrados hasta la primera semana de junio de la oficina europea de asilo (EASO). Cada uno con una historia diferente aunque casi todos con un denominador común: una guerra de la que huían y un camino hasta Europa lleno de baches. “Teníamos tres formas de llegar: por mar entrando por Italia, a través de Turquía y por Melilla. Nosotros fuimos por Melilla porque era lo más seguro para los niños”, cuenta Mahmoud. De Siria pasaron a Libia donde nació Rinad, después llegaron a Marruecos, donde, engañados por la mafia, se quedaron sin dinero, y finalmente entraron en España, donde fueron registrados. “Dijimos desde el principio que nos queríamos ir a Alemania, pero nos dijeron que teníamos que registrarnos por una cuestión de seguridad”.

Lo demás, ya es conocido: siguieron el camino que tenían marcado y tuvieron que volver después, obligados. Ahora la familia se encuentra atrapada por el mismo sistema que les impide vivir en Alemania.

“Ellos solicitaron protección internacional en Melilla y la tienen concedida. Eso es un estatuto jurídico, es inapelable. Pero al irse, el sistema establece que han rechazado las ayudas sociales que tienen los solicitantes de asilo hasta que aprenden el idioma o tienen trabajo. Así que cuando vuelven, aunque sea por obligación, están fuera del sistema. Y sin ayudas sobreviven por la caridad de los vecinos. Nosotros entendemos que no es una cuestión de caridad, sino de derechos sociales”, explica Patricia Fernández, abogada de la Red Coordinadora de Barrios. Por ahora, la familia ha solicitado ser readmitida en el sistema "pero no les han asignado centro de acogida todavía.

Es entonces cuando, en este punto de su historia, entra en juego la sociedad civil. Javier Baeza, conocido como el “párroco rojo” al mando de la parroquia de San Carlos Borromeo desde 2004 una iglesia decorada con un grafiti en la fachada y que Rouco Varela pretendió clausurar en 2006, y asociaciones civiles como la Red Coordinadora de Barrios o la Red Solidaria de Acogida (RSA) despliegan su red para evitar que los refugiados que se encuentran en un limbo legal duerman en la calle. En colchones en el suelo, la familia Alhaj se instaló en la parroquia como pudo y sigue unas normas de convivencia para el día a día con el resto de acogidos.

“Hoy le toca cocinar a Muna y los chicos tienen que limpiar”, explica el también sirio Amín Akkad, 31 años, integrante de la RSA. Akkad vivió hace casi año y medio un periplo parecido, y cuando asumió que no podía instalarse en Alemania, se puso a estudiar español. “Estuve un año viviendo en un albergue para personas sin hogar, fue duro, pero siempre se me han dado bien los idiomas, así que decidí después hacer algo para ayudar a los que vivían lo que yo había vivido”, cuenta.

Akkad se gana hoy un sueldo como traductor para los recién llegados y pone todo de su parte para suavizarles el aterrizaje. “El sistema de acogida es malo. No está bien pensado para la situación de cada persona. No es humano. Es como si hicieran una misma camiseta, de la talla S, para que se la pusiera todo el mundo por igual”.

Fallo contra la administración

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó en enero a la administración por negar la acogida a varios demandantes de asilo por vulneración de su derecho reconocido en al artículo 24 de la Constitución Española (el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa) por negarles la acogida en el sistema de protección para solicitantes de asilo, ordenando su readmisión en el programa de acogida. Tras el fallo, el Ministerio de Trabajo emitió una orden para reingresar en este sistema a los demandantes de asilo devueltos a España en base al Reglamento de Dublín.

A pesar de eso, la Iglesia se ha visto obligada a denunciar la desatención de las administraciones. La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia Católica de Madrid presentó el pasado 11 de junio una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, en la que denuncia que varias decenas de personas que reclaman protección internacional se quedan “literalmente en la calle” ante la ausencia de una respuesta efectiva de las administraciones públicas. La Iglesia de Madrid denuncia desatención de decenas de refugiados dejados “literalmente en la calle”. “En los últimos días, en ausencia de respuesta efectiva del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad, Social, la Comunidad de Madrid y ante la saturación del Samur Social del Ayuntamiento, varias decenas de personas, de ellas varias familias con niños, en algún caso con discapacidad severa y mujeres embarazadas o con recién nacidos, se han visto literalmente en la calle, teniendo que haber sido alojadas de Emergencia en Centros Pastorales y Parroquiales de la Achidiócesis de Madrid”.

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