Frente a los argumentos de Chelo, «punto en boca», que esgrime ella. «¿Y me dicen «explotada sexual» porque trabajo en la calle, a mi aire, y, aunque duro, que también es verdad, haciendo lo que me da la gana? ¿Y cómo le llaman a trabajar de interna en una casa con cuatro niños, sin horas libres, por un sueldo de hambre, sin vacaciones, controlándote hasta la última patata, que ni siquiera una se puede poner mala? Pregunte a todas estas, pregunte. Y dígame, ¿a eso no le dicen explotación de nada? Me río yo de estos que nos vienen a salvar, que en otros lados harían más falta. Porque lo que yo digo: vale, dejo la calle y me da usted su trabajo, ¿o dejo la calle y me manda a limpiar? ¡Venga ya!». Vaya, cómo se las gasta esta rubia de bote que ya no cumple los cuarenta y cinco y que anda trajinando, «con el horario que me pongo yo», por los alrededores de una Gran Vía madrileña que el Consistorio de Gallardón quiere, con mucha grandilocuencia, «limpiar» a golpe de guardia. Lo que dicen «la Chelo» y sus colegas: «Ni leyes contra la esclavitud, ni nada. Que a esos, como si nos morimos. O mejor. Que nos habíamos quitado de encima a los chulos y ahora quieren los alcaldes ponernos multas que no sé de dónde creen que vamos a sacar el dinero si no es de hacer servicios. En Barcelona creo que las compañeras ni las pagan y aquí de momento no las ponen… Tiene guasa: hemos pasado del chulo – chulo al chulo – alcalde. Para eso, mejor nos legalizan y pagamos al chulo – Estado». A Chelo se la llevan los demonios, así que cambiamos de tercio. «¿Te acuerdas de Carmela, la que venía del Instituto de la Marina?». Pues claro que se acuerda, otra rubia de refinada lencería que iba llenando de números libretillas negras de balances diarios. Pero hoy de Carmela ya no sabe nada, «habrá vuelto a Málaga – «¿no era política del PP en un pueblo de la costa?» – », y se queja de que las cosas ya no son como antes «con tanta chica de fuera». Ella misma cambió de calle cuando echó el cierre (o se lo echaron) el lupanar de Irene – la «madame» que siempre sostuvo la casualidad de su destino cuando a su regreso como emigrante en Suiza compró «un hostal en donde las habitaciones se alquilaban por ratos», y que, «sin otro remedio», se subió al carro de sus costumbres – y salta con que a ella le dan ganas de hacer lo mismo, de irse para su pueblo, pero que aún tiene obligaciones, de las que no da cuenta. Siente que se le ha pasado el arroz si al final, y de ley, las hacen trabajadoras en toda regla, «será para las otras – lamenta – . Pero será bueno para todos». «¿Irá a Alemania a hacer el Mundial?», preguntamos. «Quite. Mis clientes están aquí. ¡Pues anda que no hay en Madrid ganado que lidiar!».

Entre la fuerza y la voluntad

La pregunta no es ninguna tontería, que hasta 60.000 mujeres – «procedentes sobre todo de Europa central y del Este» – podrían ejercer la prostitución forzosa a orillas de los estadios germanos con motivo del evento futbolístico, según ha denunciado en el Congreso de los Diputados el Grupo Socialista, donde, por otra parte, se ha constituido una ponencia para el estudio de la prostitución en España en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que no acaba de nacer y ya se ha ido hacia los derroteros de la explotación y el tráfico. Pero volviendo a los socialistas, éstos han presentado una proposición no de ley para pedir al Gobierno, autoridades deportivas y profesionales del balompié su actuación contra el comercio sexual y concienciar a los ciudadanos de «la peligrosa ecuación que vincula fútbol y prostitución». Da por sentado el parlamentario Ramón Jáuregui, encargado de defender la iniciativa, la venta forzada de servicios, sobre la que no hay cifras, y que está tipificada en nuestro Código Penal, pero no dice nada de los que libremente viven de comerciar con sexo. Chelo y las que como ella son prostitutas por su voluntad – «las circunstancias nos ponen a todos en un sitio, como al que recoge limones o coloca ladrillos» – no dudan en que una regularización de sus empleos sacaría a relucir «lo chungo, especialmente los muchísimos casos de las «sin papeles»».

De hecho, un estudio sobre el terreno del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), de Murcia, revela que el 57,1 por ciento de las meretrices comenzó a prostituirse «porque no tenía documentación y era la única salida». Sin embargo, «muchas de ellas, junto con otras, el 49 por ciento, sigue en ello después de tener papeles porque sigue teniendo necesidades económicas – explica a D7 el coordinador de CATS, Nacho Pardo – . Además, el 49,1 se dedica a esto porque le es rentable, razón que va seguida de motivos como ayudar a la familia, pagar una deuda de viaje o ser transexual». Según las encuestas realizadas tanto en la calle como en locales, el 73,5 por ciento cree que hay mucha competencia, el 95,9 declara que tiene muchos riesgos, el 89,8 que elige su horario, el 77,6 que selecciona a sus clientes, para el 49 es una actividad rentable económicamente y el 91,8 por ciento asegura que no tienen que dar explicaciones a nadie. El 98 afirma que trabaja para sí misma. Y el 95 por ciento manifiesta que dejaría la prostitución si encontrara un trabajo con un sueldo de entre 600 y 3.000 euros mensuales, siendo la media 1.127 euros, un horario de 8 horas al día, con contrato, permiso de trabajo y residencia. «Es inevitable pensar – hace la reflexión el analista – , cuántas serían las personas, tanto en la economía formal como en la informal, que cambiarían de trabajo ante tales condiciones».

Además, la investigación revela que, a juicio de las meretrices, harían falta una serie de medidas: tarifas mínimas «para los servicios de siempre» (29,97 euros por servicio, 20,30 euros la felación y 36,42 el completo), una zona roja o área coordinada por las mismas prostitutas, ayuntamiento, policía y/o una asociación de apoyo en que querría trabajar el 95,9 por ciento, y el uso obligatorio del preservativo. El 12 por ciento querría cotizar como «prostituta», el 39 como «trabajadora sexual» y el 22 como «chica de contacto», «masajista« o «camarera».

Ruth Mestre, doctora en Filosofía del Derecho y autora de «Las caras de la prostitución en el estado español», asegura que «existen poderosas razones para dejar de hablar de prostitución y hablar de trabajo sexual. Explicar todo como explotación sexual de las mujeres parece en extremo reductor». María Jesús Aranda, defensora del pueblo en la Comunidad foral, en su informe especial «Los derechos humanos y la prostitución en Navarra», traza en un estudio impecable que «lacra o trabajo, no es voluntad de esta institución establecer juicios morales ante la práctica de la prostitución, sino instar a que, en todo caso, si lo es como opción libremente elegida por quien la practica, que se defiendan y mantengan iguales derechos que con quien no lo hace, de forma que esos derechos individuales sean ejercidos con plenitud y sin coacción; y, de esta forma, dotar a la prostitución, en lo que represente de actividad laboral, de una base normativa que salvaguarde las garantías y obligaciones sociales y económicas de quien a ella se dedican». A partir de 2001, y para el Tribunal Europeo de Luxemburgo, es «actividad económica legítima».

La patronal…

Desde lo que podría considerarse como la patronal de la mancebía, y que constituye la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), su representante legal, José Luis Roberto, aboga por la regularización «porque con la actual nebulosa legislativa pesa la incertidumbre, que va en contra de inversiones y del futuro de los puestos de trabajo propios de la hostelería. Los propietarios quieren pagar más y también tener más derechos y más seguridad porque ahora las redadas son continuas y cualquier juez puede ordenar el cierre cautelar. Nosotros apelamos al sentido común frente a normas incongruentes como la de la Generalitat que, temerosos de que Cataluña se convierta en el burdel de Europa – antes los españoles iban a Perpiñán a ver películas prohibidas y ahora son los galos los que al no estar allí permitida la prostitución vienen a España a estar con las chicas – , establecen en 21 años la edad para ser prostituta, cuando se puede votar a los 18. Por eso, lo que quieren prostitutas y empresarios es lo mismo: regulación, ellos para tener seguridad, y ellas para como autónomas cotizar sus 250 eurillos, y hacer lo que les dé la gana, porque el propietario se limita a ser gestor hotelero, sin interferir ni cobrar de las relaciones sexuales. Luego, habría que negociar entre empresarios y prostitutas, supongo que con sindicatos, horarios, mejoras…»

…Y los trabajadores

De momento se ha creado una Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de ámbito nacional, que agrupa a 11 asociaciones y que «aúna las voces de quienes no se identifican ni con prohibicionistas ni abolicionistas de amplios sectores de la izquierda que tanto daño nos están haciendo – explicó a Cristina Garaizabal del colectivo madrileño Hetaira – , y que tratan de imponer sus criterios de tipo moral sobre la decisión de personas adultas que han encontrado en el ejercicio de la prostitución una actividad económica que les favorece, y a quien jamás se considera interlocutores válidos de cara a las instituciones». Algo que para Carmen G. Hernández, portavoz del Colectiu Lambda de Valencia, es «simplemente, demencial. Nosotros trabajamos sobre todo con hombres, aún más invisibles, pero cuya existencia en este mundo rompe mucho el discurso abolicionista que se esgrime porque hablar de prostitución ya no es sólo hablar de una explotación de mujeres». «¿Por qué hablar de regulación – denuncia Clarisa Velocci, portavoz de Genera (Asociación barcelonesa de Defensa de los Derechos de la Mujer en situación de Exclusión Social) – es sacar la explotación y la trata cuando ya está tipificado en el Código Penal y sólo hace falta voluntad para aplicarlo, mientras que de la prostitución libre y voluntaria nadie quiere saber nada? Hay muchísimas personas, y no hay estudio que diga lo contrario, que ejercen la prostitución por voluntad y que necesitan que se reconozcan sus derechos».

Ordenar la esclavitud

Pero para la propia Administración y organizaciones como Médicos del Mundo o APRAM (Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida) este clamor es irreal. Rocío Mora, subdirectora de APRAM, ha dicho a D7: «No puedo mentir, no puedo decir cosas diferentes a las que veo en la calle y que no es más que gente explotada, que viene en tráfico, engañada, amedrentada por una deuda, por no tener papeles, incluso por sus propios familiares que han tejido sobre ellas redes infernales. Ojalá que en vez del 5 por ciento fuera el 100 por cien el que ejerce la prostitución libremente, y regularla, y no estar con estos programas tan duros para rescatarlas. La prostitución es una forma más de la violencia de género. ¿Qué vamos a regular, la explotación de un ser humano, o que si a España vienes como puta tienes papeles o te hacen contrato laboral?».

POR VIRGINIA RÓDENAS