Desde hace varios días, al ponerse el sol, la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías se convierte en un albergue improvisado. «Vaciamos el templo, retiramos los bancos y colocamos colchones», explica Patricia Fernández. Ella es una de las responsables de esta iniciativa, participa en la Coordinadora de Barrios y, junto a la Parroquia y a la Red Solidaria de Acogida, buscan evitar que ningún solicitante de asilo o inmigrante se vea obligado a pasar la noche en la calle. «El Ministerio de Trabajo lleva años sin crear nuevas plazas y la Comunidad tampoco, por lo que cuando estas personas buscan un lugar donde pasar la noche se encuentran solos, en la calle», explica Fernández. Ahora mismo, en la Parroquia conviven una familia siria compuesta por una madre embarazada de ocho meses, su marido y sus tres hijos (de 10, 8 y 2 años); un chico guatemalteco, seis jóvenes palestinos, sirios y kurdos y «una pareja que nos llega esta noche (en referencia a ayer) con dos hijos. Nos acaba de avisar Acnur. Son de Colombia», explica Fernández.

No es la primera vez que viven en esta situación crítica, «en noviembre ya tuvimos otro pico», reconoce. Es por esto que la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia Católica de Madrid decidió presentar una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, en la que denuncia que varias decenas de personas que reclaman protección internacional, entre otras situaciones, y muchas de ellas en situación vulnerable, se han quedado «literalmente en la calle» ante la ausencia de una respuesta efectiva de las administraciones públicas.

«Desde que percibimos la necesidad y abrimos parroquias y centros pastorales para estas situaciones de emergencia, hemos atendido a unas 120-130 personas», explica a este diario Rufino García Antón, delegado episcopal de Movilidad Humana. «Nuestra intención siempre ha sido ayudar a los dispositivos del Samur Social que están colapsados», añade. García Antón explica que no es la primera vez que acuden al Defensor del Pueblo por este motivo, pero «el problema sigue ahí y no hay respuesta por parte de las administraciones». Les instan a una «urgente intervención» ante el «evidente» mal funcionamiento de las administraciones públicas y, en particular, una ausencia de un dispositivo público con el volumen suficiente como para atender las situaciones de precariedad que padecen estas personas.

Lo peor es la situación de angustia que pasan las personas que, «después de haber recorrido medio mundo para llegar, con mucho dolor, se encuentran desamparados, en la calle y sin esperanzas», añade Fernández.