El derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas – personas que carecen de nacionalidad legal – a quienes se reconozca la condición de refugiado. Esta condición se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual se ha visto obligado a salir del país de su nacionalidad y no puede – a causa de dichos temores – regresar a él. 

Según datos del Ministerio del Interior, un total de 6.644 personas han solicitado el derecho a asilo en España durante el mes de enero de 2019. En su mayoría, la nacionalidad de los solicitantes ha sido la venezolana, seguida de la colombiana. Madrid ha sido la ciudad más solicitada, seguida de Barcelona. En Bizkaia, en concreto, se han recibido 261 solicitudes. El año pasado en Euskadi un total de 1.595 personas solicitaron asilo. Por territorios, en Bizkaia se presentaron 973 solicitudes, 385 en Araba y 237 en Gipuzkoa. No obstante, al estudiar esos datos, la Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR, de Euskadi lamentó que el Gobierno español tan solo resolviera favorablemente una de cada cuatro solicitudes en 2018, es decir, un 24% del total, dejando pendientes unas 78.710 peticiones el año pasado. En 2017, de 31.120 peticiones – el doble que en el año anterior –  solo resolvió 13.350, de las que dos tercios, un 64%, fueron rechazadas, según los últimos datos de Eurostat.

Durante la conferencia Refugio y asilo en Europa y Euskadi celebrada el 7 de junio en Bilbao, diversas expertas en el ámbito de la inmigración han debatido acerca de los marcos legislativos existentes en esta materia y su efectividad, así como de los procesos realizados y las solicitudes de asilo pendientes. Además, han comentado sus posturas acerca de cómo puede afectar el nuevo panorama político europeo y español en estas políticas.

“El sistema es un poco perverso, hace falta trabajar más, no solo desde el sistema, sino desde los servicios sociales generales. Se debe trabajar de forma conjunta. Lo que está claro es que el sistema hasta ahora no ha sido efectivo. Hay una necesidad de reformular la ley. En 2015 llegaban 2000 o 3000 personas, en 2018 se presentaron más de 55.000 solicitudes. Son personas con condiciones muy diferentes. No es lo mismo un venezolano que llega que uno de Yemen, porque cada uno de ellos necesita cosas diferentes: idioma, asilo, refugio. Lo ideal sería crear un sistema más individualizado”, ha explicado Elena Sánchez – Montijano, Investigadora senior en Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) y coordinadora del proyecto National Integration Evaluation Mechanism (NIEM).

Aún así, Sánchez – Montijano es optimista con respecto al nuevo panorama político, resultado de las elecciones generales y europeas. Confía en que con un gobierno socialista se puedan “crear nuevas políticas” y se muestra satisfecha de que “las plazas de acogida con el gobierno actual se hayan visto aumentadas” y “espera” que sigan aumentando. Durante su intervención, ha destacado que según el Eurobarómetro España es el segundo país, detrás de Irlanda, que mejor valora la inmigración. Por todo ello, a nivel estatal se muestra “tranquila, no tanto a nivel europeo”, donde el auge de los partidos de ultraderecha podría poner en peligro este tipo de ayudas y crear un discurso de rechazo entre la población. 

Por su parte, Monika Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos Humanos, Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Lehendakaritza, ha asegurado que no se siente “tan positiva en el marco de quién legisla” ya que “aún hay que trabajar para que sea así”:

“Si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista jurídico, de análisis de situación y desde una visión progresista solidaria habría que reformar el sistema de asilo en Europa y en España. El problema es si esas reformas van a ir en el sentido que a nosotros nos gustaría o si van a ser más restrictivas. Porque si la reforma va a ser para restringir o para hacer una política peor de la que tenemos, pues a lo mejor las modificaciones tienen que hacer de otro modo. La situación actual esta permitiendo que haya más soltura a la hora de hacer determinadas afirmaciones o discursos y eso es peligroso, hay que llegar a gente con mensajes diferentes, mensajes antirrumores y calar en ellos”, ha finalizado Hernando.