La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) y la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) cargan hoy contra la política de acogida de La Generalitat tras meses de impagos en el sistema de protección a la infancia. En un comunicado a la prensa, alertan que la infancia en riesgo está al borde del abismo. “La infrafinanciación y la poca visión de futuro pone en riesgo la calidad de la atención y nos aboca a un sistema de protección que no ofrecerá garantías sociales”, aseguran. 

En este comunicado, las entidades sociales acusan al ‘Govern’ de actuar de forma “precipitada” al abrir nuevos recursos, especialmente para los menores migrantes. Y también le culpan de forzar las entidades a una situación “crítica”, dado que no cobran por estos servicios que prestan desde principios de enero. Una deuda, que podría ascender ya a los 50 millones de euros, según algunas fuentes consultadas. “Hay que dar respuesta a los pagos comprometidos, si queremos garantizar la continuidad de los servicios y mantener la calidad de la atención”, aseguran las entidades que alertan del “riesgo” y la poca “expertez” que el ‘Govern’, está valorando.

De hecho, lamentan que los menores migrantes están siendo discriminados en el mismo sistema de protección. “Hay un doble sistema de protección, diferente para los niños migrantes de llegadas recientes, y regulado con módulos y ratios distintas”. Avisan del riesgo de “desvirtuar” el sistema que lleva más de treinta años funcionando. La Taula d’Entitats del Tercer Sector y la Plataforma d’Infancia de Catalunya muestran su apoyo a este comunicado, y añaden, que el ‘Govern’ debe mejorar la planificación y la gestión de la acogida de estos adolescentes.

Las entidades también reclaman que la Generalitat centre sus esfuerzos en lograr que los niños acogidos puedan acceder a recursos públicos una vez son mayores de edad. Piden “asegurar la inclusión social con oportunidades de futuro” y “perspectivas para que los jóvenes puedan construir un proyecto vital”. Auguran que, si no, la inversión hecha en la acogida carece de sentido.

Quien más está sufriendo esta situación son los trabajadores del sector. Algunas entidades han tenido que recortar sueldos. En algunos casos, desde hace más de un mes. “No he podido pagar el alquiler, estoy negociando con mi propietario”, explica un educador a El Periódico. Hoy los principales sindicatos, UGT y CCOO, se han manifestado en la plaça Sant Jaume para axigir mejoras en los sueldos de estos trabajadores. 

Hay entidades sociales que han tenido que pedir deudas a los bancos para ir haciendo todos los pagos. En algunos casos, estas hipotecas son ya a título personal de los gestores de las fundaciones. Y, en cualquier caso, los intereses acumulados con estas deudas no los va a financiar nadie.

La situación es ya dramática, y aún no ha llegado el verano, cuando el ’Govern’ calcula que van a migrar casi tres mil menores migrantes. Hay quien se plantea no abrir ni un centro más hasta que el ‘Govern’ no les pague. Otros, ya directamente ven a grandes empresas frotándose las manos para entrar en el negocio de la infancia en riesgo.