La atención a los menores migrantes no acompañados ha entrado de bruces en la campaña electoral. La compleja gestión de este fenómeno —han llegado más de 4.000 chavales— se ha convertido en un conflicto latente para la Generalitat, y ayer volvió a estallar en Rubí. El Govern anunció al Consistorio vallesano la creación de un centro de acogida para estos menores en el municipio, pero se topó con el rechazo de una parte de los vecinos y de la alcaldesa socialista, Ana María Martínez. La disputa ha puesto en el foco del debate político a los jóvenes migrantes, hasta ahora relegados a un par de líneas en los programas electorales.

El plan del Departamento de Asuntos Sociales de crear en un viejo hotel en desuso de Rubí un centro de emergencia para jóvenes migrantes no acompañados ha soliviantado a decenas de vecinos, que rechazan la ubicación de este dispositivo en el barrio. El Govern tenía previsto abrir el centro a finales de junio y trasladar allí a unos 70 jóvenes migrantes que ahora viven en un hotel de Sant Just Desvern. “Queremos trasladar a los chicos porque, aunque el hotel de Sant Just lleva meses en marcha y no ha dado problemas, sabíamos que era un centro provisional porque no reúne las condiciones para atender bien a estos chicos”, justifica una portavoz de Asuntos Sociales.

Según el Govern, el 2 de mayo puso en conocimiento del Consistorio de Rubí la intención de ubicar en un viejo hotel del municipio, propiedad de los mismos dueños que el de Sant Just, el centro de emergencia. “Se invitó a los grupos municipales a que fueran a ver el centro de Sant Just pero no todos aceptaron”, agregó la portavoz de Asuntos Sociales.

Pero el cúlmen del conflicto llegó el martes cuando, en una visita al municipio para explicar el plan a los líderes vecinales, la responsable de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), Ester Cabanes, se topó con una protesta de unas 200 personas en contra del centro de acogida. Cabanes tuvo que salir acompañada por los Mossos d‘Esquadra.

La alcaldesa, que se ha puesto del lado de los vecinos, criticó que el Govern no consultó al Consistorio y el poco tiempo de preaviso. “No son las formas de hacer las cosas. Si el objetivo es la integración, este no es el tipo de centro adecuado para ello. Se ha generado una situación en la ciudad que no existía. No se trata de racismo o xenofobia. Los vecinos han protestado como han podido ante lo desconocido. Están molestos y enfadados por decisiones que se toman en los despachos”, defendió ayer Martínez. La alcaldesa ha paralizado las obras y pide frenar el proyecto y restablecer el diálogo. La plataforma Rubí Acull, por su parte, se ha posicionado a favor del centro de acogida y ha rechazado la postura del Consistorio.

El nuevo frente abierto a causa de la gestión de los menores no acompañados ha vuelto a poner el foco en estos jóvenes en plena campaña electoral. Hasta ahora, en los programas de los partidos, apenas se les concedían, si acaso, unas pocas líneas de atención pero el conflicto de Rubí ha agitado el debate. Con todo, la atención a estos chicos depende del Govern y los municipios tienen poco margen de maniobra.

Josep Bou, alcaldable popular, refrendó ayer que la mejor opción para afrontar el problema de los menores migrantes es repatriarlos a su casa. “No hay soluciones mágicas. Y hay que usar el sentido común”, afirmó en un almuerzo-coloquio en El Periódico. “La escuela puede instruir pero todos somos fruto de la educación de nuestros padres y los enviaría a su casa. Son ellos los que los tienen que educar”, afirmó. Con todo, el popular deslizó que optaría por elaborar un censo de cuántos jóvenes hay si no hay posibilidad de dar con sus familias. Las competencias las ostenta en este terreno la Generalitat pero su propuesta es implicar al Ayuntamiento para que elabore un plan social e intente recuperar a estos jóvenes.

La compleja gestión del desarraigo

4.075 jóvenes migrantes no acompañados han llegado a Cataluña desde el año pasado. Desde enero se han registrado 700 nuevos chavales.

Ataques racistas. El pasado marzo, un grupo de encapuchados asaltó un centro de menores migrantes en Castelldefels y lanzaron piedras contra los menores y los educadores. Horas después intentaron apedrear el centro de nuevo. En Canet de Mar, también se organizaron protestas contra la presencia de estos jóvenes en el municipio.

Delincuencia. Un análisis de los Mossos d’Esquadra a 5.622 menores migrantes no acompañados reveló que el 18% han delinquido y son muy reincidentes. El 82%, no obstante, no comete ningún delito.

Más acompañamiento

Por otra parte, los comunes apuestan, en su programa electoral, por reforzar la figura de los educadores y mejorar la coordinación entre los equipos a pie de calle y los cuerpos policiales. ERC defiende, aunque sin mencionar directamente a los menores migrantes, el acompañamiento laboral y jurídico para regularizar la situación administrativa de las personas en condiciones irregulares.

Junts per Catalunya no recoge ni una sola mención a los menores migrantes en su programa electoral y tampoco ayer quiso posicionarse sobre la atención a estos jóvenes. La candidatura de Manuel Valls (integrada, entre otros, por Ciudadanos) apuesta por mejorar “la coordinación” entre las administraciones y “reforzar los centros de primera acogida”. También defiende programas para evitar “conductas de riesgo” y un seguimiento tras cumplir los 18 años.

El PSC, partido al que pertenece la alcaldesa de Rubí, exigió al Govern que “deje de tomar decisiones unilaterales” y que “dialogue con los ayuntamientos”. Los socialistas defendieron la integración social de los jóvenes pero denunciaron que la gestión del Govern estigmatiza a estos chavales.

Solo la CUP recoge en su programa la propuesta de ampliar las plazas y los recursos asistenciales para estos jóvenes.