La relación de la izquierda con la Iglesia católica se basa en un ejercicio que oscila entre el oportunismo político y la crispación social, para luego no ser capaz de llevar sus eslóganes a la práctica. Año tras año, la izquierda anuncia que revisará los acuerdos con la Santa Sede y que aplicará el Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia, además de ponerla en bretes jurídicos absurdos como el de la exhumación de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos. Las movilizaciones «sociales» secuestradas por la izquierda feminismo radical, grupos LGTBI comparten mensajes anticatólicos, aunque no sean precisamente los países de mayorías cristianas donde más sufren las mujeres o los homosexuales.

Sin embargo, como la realidad se impone por sí sola, hasta el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que recurrir a la Iglesia católica para canalizar la acogida de inmigrantes, entre otras razones porque algunos ayuntamientos «del cambio», como el de Madrid y su cínica pancarta de «Welcome refugees», no han cumplido sus compromisos en este asunto. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha pedido a la organización Escuelas Católicas que ceda inmuebles para dar cobijo a centenares de inmigrantes y refugiados a los que el Estado no puede o no sabe prestar ayuda. Por supuesto, esta organización ha respondido afirmativamente, como siempre hacen todas las instituciones católicas en todas las situaciones por las que atraviesan los inmigrantes. El Papa Francisco ha hecho de la atención y el cuidado a los que huyen de la guerra y la miseria un eje de su discurso pastoral, aunque la generosidad y la entrega de la Iglesia católica con los más necesitados es su seña de identidad desde su fundación.

Cuando la izquierda vuelva a la carga con sus ajustes de cuentas a la Iglesia, habrá que recordar que en esas cuentas también van las que se necesitan para dar cama, comida, sanidad y educación a los inmigrantes y refugiados, en las Escuelas Católicas, a las que se ha dirigido ahora el Gobierno, pero antes también en muchas parroquias, centros de acogida y casas dirigidas por voluntarios. También será oportuno recordar esta respuesta solidaria que la Iglesia católica da sin importar la fe de quien la recibe cuando los obispos den su opinión sobre cuestiones que afectan al magisterio eclesial sobre los creyentes, como en asuntos como el aborto o la eutanasia.

Los progresistas de salón, que con una mano reciben entusiasmados a los inmigrantes rescatados en el mar y con otra siguen aplicando «devoluciones en caliente» en Ceuta y Melilla, deberían apaciguar sus pulsiones laicistas, porque la Iglesia católica es hoy en España una red de solidaridad humana insustituible.
Respuesta ante una petición «urgente»

«Nos lo pidió la secretaria de Estado ante una situación de desbordamiento. Nos trasladaron la urgencia y la necesidad de ayuda, y nosotros hemos buscado congregación por congregación espacios libres que se pudieran destinar a la acogida», detalla Poveda.

Para hacer frente a la falta de plazas de acogida la Secretaría de Estado de Migraciones no solo recurrió a la Iglesia, también pidió ayuda a ayuntamientos y organizaciones. Pero la respuesta que encontraron fuera de la Iglesia fue muy distinta. Según ha podido saber ABC, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), envió una carta al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la que les requería que se liberen los albergues de transeúntes y les buscaran una nueva ubicación a los refugiados.

«No basta con decir que se quiere ser un ayuntamiento de acogida, sino que hay que poner los medios necesarios teniendo en cuenta además que estos son financiados por el Gobierno de España», se limitó a contestar Rumí sobre esta cuestión. En concreto, emplazó a este periódico a preguntarle a la alcaldesa. ABC contactó con el Ayuntamiento de Madrid pero no obtuvo ninguna aclaración al respecto.

«Refugees Welcome»

La alcaldesa que ahora no dispone de espacio para acoger refugiados es la misma que en septiembre de 2015 hizo colgar una pancarta de ocho metros en la fachada del Ayuntamiento de la capital en la que se leía la frase «Refugees Welcome». Lo hicieron para mostrar cómo desde los municipios se puede colaborar en este tipo de crisis «desde el afecto y el compromiso con las víctimas de los conflictos bélicos», señalaron entonces. Este periódico también ha podido saber que otros de los llamados «ayuntamientos del cambio», como Barcelona y Zaragoza, así como la corporación de Tres Cantos en Madrid, también se negaron a colaborar con la petición de acogida de refugiados.

Desde el consistorio aragonés se ha negado esta información y se asegura que, por el contrario, han pedido a la Secretaría de Estado gestionar ellos mismos las plazas de las que habitualmente se encargan entidades sin ánimo de lucro especializadas y financiadas por el Estado como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz Roja o Accem. Un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona también aseguró a este periódico que no les consta ninguna petición de acogida. Además, dicen, las solicitudes de protección internacional «son competencia del Estado español».

Cabe recordar que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Carmena se reunieron en el Vaticano el pasado mes de febrero con el Papa Francisco para tratar sobre el problema de los refugiados. «Hemos compartido la satisfacción que supone para una ciudad abrirse», declaró entonces la regidora de Madrid.

Las plazas que ofrecerá Escuelas Católicas, a través de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), ascienden a 350 y han sido cedidas por cuatro congregaciones: Hijas de la Caridad, Misioneros Redentoristas, Compañía de Santa Teresa de Jesús y Franciscanos Menores Conventuales y están disponibles en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. «Pensamos en conventos cerrados y en casas en las que haya habitado alguna comunidad religiosa y haya cerrado por falta de frailes o hermanas; algunos seminarios, noviciados, etcétera», explica Poveda.

El objetivo es doble: «Reforzar el Sistema Nacional de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional y, por otra, facilitar la integración de los solicitantes que tienen una situación de vulnerabilidad», explicó Rumí. Dicho sistema cuenta con una red de primera atención y derivación (que atiende, a la llegada, a más de 4.000 personas) y una red de acogida con unas 9.000 plazas gestionadas por el Estado a través de los centros públicos de Acogida a Refugiados (CAR) o de las mencionadas ONGs como Cruz Roja, Cear o Accem, que reciben financiación estatal.

A partir de una primera atención, las personas son derivadas a las distintas plazas, en lo que se conoce como fase 1 o de acogida temporal, que dura entre 6 y 9 meses, y que es en la que participará Escuelas Católicas. Es en esta fase donde se despliega el abanico de servicios como asistencia jurídica, psicológica, aprendizaje de idioma, etcétera, que seguirán siendo provistos por las ONGs, mientras que el organismo católico presta los recursos habitacionales.

La segunda fase (todo el proceso puede extenderse hasta los 24 meses) consiste en darle más autonomía y en ella las personas salen de los centros para participar en programas donde reciben ayuda económica, por ejemplo, para la vivienda. «Pasan de un centro tutelado a una fase de autonomía personal», explica Áliva Díez, coordinadora estatal de acogida de Cear, quien señala que el desbordamiento se debe al incremento de solicitudes de protección internacional y a que «la capacidad estatal para la tramitación es limitada y eso retrasa los tiempos». «Las comisarías ya no pueden formalizar las peticiones en el mismo momento en que la persona la presenta. Lo que hacen es dejar constancia de que se quiere pedir la protección y se le da una cita que, dependiendo de las comunidades, se extiende durante meses».

«El problema es que los itinerarios de fase a fase que siguen las personas se alargan en el tiempo y no hay movilidad de plazas», explica Díez. María Jesús Vega, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, Vega reconoce que si bien ha habido un gran aumento de peticiones, «en total, en el mundo, hay 68 millones de personas desplazadas por conflictos en el mundo, y países como Uganda, por ejemplo, acoge a un millón de refugiados, lo lógico es que España, por su posición geográfica y capacidad económica, pueda hacer algo». Sin embargo, señala que para ello es necesario «redimensionar la capacidad de acogida y que vayan a la par las solicitudes, la respuesta a las mismas y la asignación de plazas».

«Me amenazaron con prender fuego mi casa»

Estephania Casique llegó a España en 2018. Solicitó protección internacional porque no podía seguir viviendo en su país. «Jamás pensé que tendría que huir, Venezuela es una bomba de tiempo». Tomó la decisión tras ver la imagen del hambre. «Volví a Venezuela tras dos años fuera y vi comer a la gente de la basura, o cómo se agolpaban en la puerta de las casas cuando les daban alimentos». Se posicionó contra el Gobierno y los «colectivos» (grupos civiles armados) la amenazaron con prender fuego su casa» Aún espera que se resuelva su solicitud de protección interncional y sabe de compatriotas que cada vez esperan más. Agradece a a España y dice que no volverá a su país.