Euskadi registró en 2018 132 incidentes de odio, la mayoría casos de racismo

29 personas fueron detenidas -todos varones- y en un 29% de los casos el delito de odio tuvo un componente de violencia física

El Diario, Iker Rioja Andueza, 26-04-2019

Euskadi registró en 2018 132 “incidentes de odio”, 130 de ellos tipificados como delitos y dos como infracciones administrativas. Son cifras muy estables en comparación con ejercicios anteriores. Estos datos forman parte del informe encargado por el Departamento de Seguridad a la cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que ha sido enviado al Parlamento. El documento, de 144 páginas, ha sido dirigido por Jon Mirena Landa y coordinado por Enara Garro y recoge algunos de los casos más sonados del pasado año en este capítulo como la polémica de convivencia en Vitoria con una familia gitana, la agresión a un joven universitario en Vitoria que había promovido una asociación a favor de la unidad de España, los ‘ongi etorri’ a presos de ETA, un caso de homofobia en Sestao o la agresión a una persona sin hogar en Bilbao.

Entre las distintas tipologías de delitos de odio son los de carácter racista o xenófobo los más habituales y, según el informe, se registraron 62 el pasado año, por 39 relacionados con la sexualidad, 17 con la ideología, 7 con la religión, 3 con la diversidad funcional y 2 con la aporofobia u odio a los pobres. Es una distribución “prácticamente idéntica a la del año anterior”, se lee en el informe, que destaca también que los episodios resueltos en vía administrativa son casos de violencia en el deporte. Por territorios, 83 de los 132 incidentes se produjeron en Bizkaia.

El informe también dibuja un retrato robot de los imputados: “Respecto a los investigados, la gran mayoría son españoles (66,3%): 61 investigados de los 92 totales, de los cuales 45 son originarios de Euskadi (73,77%). Por otra parte, 31 de los investigados son de origen extranjero (33,7%), de los cuales una gran parte, 21 casos, proceden de América Latina (67,64%). En cuanto a la distribución por sexo, 25 (27,17%) de las investigadas son mujeres y 67 hombres (72,83%). Asimismo, la media de edad se sitúa en los 41,7 años y el rango de edad está entre los 13 y los 88 años”.

Algunos de ellos fueron detenidos por la Ertzaintza. “En 2018 se ha detenido a un total de 29 hombres y a ninguna mujer, con una media de edad de 25,5 años. La mayoría de estos hombres, tenían una edad comprendida entre los 18 y 29 años (79,31%), mientras que el resto tenían una edad comprendida entre los 30-39 años (20,69%). De todos los detenidos, 23 han sido detenidos por delitos relacionados con la ideología/orientación política, y los 6 restantes por aporofobia. Estas cifras casi duplican las del año 2017”, indican los expertos.

¿Y las víctimas? “El 45,86% de las víctimas son de nacionalidad española (72 de 157 casos), de las cuales una gran mayoría, casi el 82% de los casos, proceden de Euskadi (59 casos). Por otra parte, las víctimas extranjeras constituyen más de la mitad de las víctimas (entorno al 54%, 85 casos). En lo que respecta a las víctimas de origen extranjero, las víctimas procedentes de América son el colectivo más victimizado (22,9% de las víctimas), seguido de las víctimas procedentes de África (21% de las víctimas). A nivel demográfico, la media de edad es igual a la del año anterior, 35 años (el rango de edad se sitúa entre los 10 y los 71 años), y la distribución por sexo es de 85 hombres (54%) y de 72 mujeres (46%)”.

Reseña el informe que un 29,2% de los casos tienen un componente de agresión física “hate crime” y que hay un 19,2% de episodios de “discurso del odio” o “hate speech”. En comparación con España aquí el dato es de 2017 “en Euskadi se produjeron el 9,44% de los incidentes de odio que llegaron a instancias policiales en todo el Estado”, una categoría delictiva que va al alza. Apostilla el informe que “tanto a nivel España como a nivel Euskadi una gran parte de los incidentes parecen ubicarse en la vía pública urbana”, si bien también hay casos en viviendas, en establecimientos públicos o incluso en centros religiosos. Otro 9% está residenciado en Internet.

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