La inmigración sigue siendo un campo de minas. Su gestión se complica en las fronteras, derrapa en la concesión de asilo, falla en la protección de los menores y aspira a un modelo de integración que España aún no tiene claro. El año pasado, casi 65.000 inmigrantes entraron de forma irregular, una cifra inédita que empujó el asunto a la contienda política. Pese a las cifras, a las hay que sumar las miles de personas que llegaron como turistas y que acaban quedándose de forma irregular, la inmigración era en febrero la séptima preocupación de los españoles, según el CIS. La mencionó apenas un 8,8% de los encuestados, lejos de otros asuntos como el paro o la clase política. Pero el tema inflama discursos y decide votos.

En el último debate, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió un pacto de Estado para abordar la inmigración, una promesa electoral de los socialistas. El consenso, con los programas en la mano, parece difícil de alcanzar. La derecha asume la inmigración como un problema de seguridad. El PP, que quiere vincular las llegadas a un contrato de trabajo y al respeto de las costumbres españolas, asocia la inmigración ordenada con “ciudades seguras”. Las propuestas de Ciudadanos, aunque incluyen un “visado de puntos” para atraer talento extranjero, se encuadran en el apartado de seguridad y defensa. Vox, sin rodeos, propone medidas imposibles: desde levantar un muro en Ceuta y Melilla a expulsar a cualquiera que ponga un pie en España sin todos los papeles en regla.

En el centroizquierda, PSOE y Podemos se acercan al asumir el respeto a los derechos humanos y flexibilizar las vías para regularizarse y migrar. Coinciden en reducir los plazos para adquirir la nacionalidad española y plantean, como también lo hace Ciudadanos, una ley para luchar contra la discriminación. En el programa del PSOE se apuesta por modernizar y reforzar fronteras y, al mismo tiempo, se presenta la inmigración como “un proceso absolutamente necesario” para sostener el sistema público de pensiones y el mercado laboral. Podemos quiere cerrar los CIE, reforzar la labor de Salvamento Marítimo y proteger a las ONG de rescate para llevar a cero las muertes en el Mediterráneo, la fosa de cerca de 2.300 migrantes el año pasado, según la Organización Internacional para las Migraciones.

La lucha contra las mafias es la bandera más agitada por la derecha cuando asegura que quiere proteger a los migrantes y frenar la inmigración irregular. Pero faltan en sus programas alternativas para migrar sin la ayuda de delincuentes. El PP quiere ampliar los acuerdos internacionales para expulsar más, pero no abre una sola rendija a la inmigración legal más allá de la contratación en origen que ya existe. Ciudadanos quiere endurecer las penas a los traficantes, pero solo ofrece “visados automáticos” a investigadores, inversores y profesionales altamente cualificados que no dependen de una patera para buscar un futuro mejor. Vox quiere cuotas que respondan al mercado de trabajo y privilegien a los que hablan español.

El aumento de las llegadas, regulares e irregulares, ha expuesto los fallos del sistema en España. El atasco en la gestión del asilo es uno de los mejores ejemplos. Empujados por la crisis en Venezuela, la guerra en Siria o la persecución de las maras en Centroamérica, miles de personas han pedido en España protección internacional. La Oficina de Asilo enfrenta cerca de 20 veces más solicitudes que en 2012, pero cuenta con el mismo personal fijo, apenas 60 personas, desde 1992. Hay casi 70.000 expedientes pendientes de resolución que tardan hasta dos años en resolverse, cuando no debería exceder los tres meses. Como está, el sistema no protege a los más vulnerables.

El PP promete agilizar los procedimientos y apoyar a las ONG que atienden a los refugiados, pero no detalla con qué medidas. El PSOE propone reforzar la oficina, una medida que había incluido en sus Presupuestos frustrados, y facilitar las peticiones de refugio en los países de origen, lo que permitiría a los refugiados entrar en España de forma segura. Podemos quiere reconocer a los refugiados climáticos y desarrollar de manera urgente el reglamento de la ley de asilo que está pendiente desde 2010. Ni Vox ni Ciudadanos entran en el tema de los refugiados, aunque la formación naranja y el PP coinciden en otorgar un estatuto especial a los venezolanos, que les permita vivir y trabajar legalmente, un reconocimiento que ya ha asumido el PSOE.

Otro de los retos es la acogida de los menores que migran solos. Ningún partido parece saber qué hacer con ellos. El PP promete un genérico plan de choque para atenderlos y priorizará su deportación. El PSOE, que también apoya su repatriación, habla apenas de “mejorar la protección” y solo se compromete a hacer fiable el registro oficial que a día de hoy contabiliza la abultada cifra de 13.000 niños. Podemos promete prohibir la repatriación de los jóvenes contra su voluntad.