PAMPLONA- Las solicitudes de Protección Internacional, que comprenden tanto el derecho de asilo, que se concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se concede a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen, se han cuadruplicado en tres años en la Comunidad Foral, principalmente por la crisis que vive Venezuela. La Oficina de Asilo y Refugio, situada en el barrio pamplonés de Buztintxuri y gestionada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, atendió el año pasado a 324 solicitantes, frente a los 78 que hubo en 2016, y solo el primer trimestre de este año ha habido 123, lo que supondría una proyección de casi 500 en todo el ejercicio 2019.

La avalancha de solicitudes y la creciente lista de espera, que ya estaba obligando a dar citas para el año 2020, empujó a la Jefatura Superior de Policía de Navarra a a reforzar en diciembre las tramitaciones con el objeto de agilizar su funcionamiento. Además, desde enero, “se ampliaron las horas de trabajo de la plantilla”, informó la Delegación del Gobierno, de conformidad con el plan de choque previsto por el jefe superior de Policía de Navarra, Francisco López Canedo,

Con la puesta en marcha de estas medidas, señalan desde la Policía Nacional, la espera se ha reducido en ocho meses, de modo que “las citas que habían sido concedidas para diciembre de este año ya están pudiendo ser atendidas en abril”. Las mismas fuentes destacan también que se ha conseguido agilizar “en todo lo posible los trámites”.

La Protección Internacional ampara a los refugiados, es decir, a las personas que tengan un temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, que tienen derecho de asilo, mientras que los extranjeros que no son refugiados pero que no pueden regresar a su país de origen por existir motivos fundados de que suponga un riesgo real de sufrir alguno condena a pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes, amenazas graves contra la vida o la integridad como consecuencia de situaciones de violencia indiscriminada reciben la protección subsidiaria.

La evolución al alza de solicitudes ha sido “exponencial” en los últimos tres años en Navarra, admiten desde la Oficina de Asilo y Refugio de Pamplona, y el primer trimestre de este año indica que el incremento se mantendrá. En 2016, fueron tramitadas 78 solicitudes, que se duplicaron al año siguiente, hasta los 163 expedientes. Nuevamente, el año pasado se duplicaron en comparación con el ejercicio anterior, hasta las 324 peticiones, mientras que en los primeros tres meses del año ya se han cursado 123. “El origen de las personas que solicitan asilo es muy variado, si bien en estos momentos hay una gran afluencia de venezolanos. Anteriormente hubo muchas solicitudes de ucranianos y sirios”, apuntan desde la Policía Nacional.

TRÁMITE DE SOLICITUDEn el sistema de Protección Internacional en España, la Subdirección General de Protección Internacional, dependiente de la Dirección General de Política Interior, del Ministerio del Interior, es el órgano especializado que asume esta función y se encarga de la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de protección internacional, así como del reconocimiento del estatuto de apátrida.

La Unidad de Documentación de Extranjeros, perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Navarra, tiene entre sus competencias, la recepción de las solicitudes de Protección Internacional y apátridas y las expedición de las tarjetas provisionales a los solicitantes, hasta que el Ministerio del Interior resuelve el expediente. “Cuando un solicitante de Protección Internacional llega a nuestra oficina, lo primero que se hace es registrar la solicitud en una aplicación informática y se le concede una cita para tramitarla, junto con un documento que sirve de manera provisional para demostrar que ha solicitado asilo”, explican desde la Policía Nacional. El día de la cita es cuando el solicitante explica “las circunstancias por las que solicita el asilo y tiene la posibilidad de manifestar todo lo que desee en relación con su situación, además de aportar todos los documentos, grabaciones, etc. de que disponga”. Toda la documentación resultante se envía a Madrid junto con la solicitud firmada por el solicitante, al que se le entregarán tarjetas provisionales, en periodos de seis meses, “hasta que se emita una resolución de concesión o denegación de la solicitud de Protección Internacional”.

CUESTIONES BÁSICAS SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Quién puede solicitarla. Los refugiados, es decir, las personas que tengan un temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, y los extranjeros que no son refugiados pero que no pueden regresar a su país de origen por existir motivos fundados de que suponga un riesgo real de sufrir alguno de estos daños, condena a pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes, amenazas graves contra la vida o la integridad como consecuencia de situaciones de violencia indiscriminada.

Cómo se solicita. La solicitud se presenta personalmente. Si el solicitante no puede hacerlo, por imposibilidad física o legal, puede autorizar a una persona para que lo haga en su nombre. Consiste en una entrevista en la que deberá contestar una serie de preguntas sobre sus datos personales, explicar todas las causas que le llevan a pedir protección internacional y cómo llegó a España.

Quién decide. Todas las solicitudes, no importa dónde se presenten, son estudiadas por la Oficina de Asilo y Refugio. Las decisiones son tomadas por el Ministro del Interior. En las decisiones sobre las solicitudes admitidas a trámite el Ministro del Interior decide a propuesta de la Comisión lnterministerial de Asilo y Refugio.

Qué derechos se obtienen. La Protección Internacional garantiza el derecho a no ser devuelto al país de origen;autorización de residencia y trabajo;obtener documento de identidad y, en su caso, de viaje;reagrupamiento de familiares directos;acceso a servicios públicos de empleo, a la educación, asistencia sanitaria, vivienda, asistencia y servicios sociales, a programas de atención a personas víctimas de violencia de género, a la seguridad social, a programas de integración, a la formación continua y trabajo en prácticas, y al procedimiento de reconocimiento de títulos académicos y profesionales en las mismas condiciones que los españoles;acceso a programas de integración específicos y de retorno voluntario que se establezcan;reducción en los plazos de acceso a la nacionalidad española

para los refugiados.