“En este flujo de refugiados muchos de ellos han recurrido a cruzar irregularmente la frontera para evitar ser detectados, a menudo caminando durante horas a través de complicados terrenos”, ha destacado la portavoz de ACNUR, Elizabeth Throssell.

Si bien al inicio de la crisis los nicaragüenses que dejaban el país eran en su mayoría adultos, ahora “también están huyendo familias enteras con niños”, ha explicado Throssell, que también ha destacado que los refugiados corren el riesgo de contraer enfermedades como la malaria en su huida. 

El organismo ha elogiado los esfuerzos de Costa Rica en la recepción de estos refugiados y a la hora de facilitar los trámites de asilo, que ha destacado que apoyará esos esfuerzos con el fin de reducir los tiempos de procesamiento de estos procedimientos. Según las autoridades migratorias costarricenses, 29.500 nicaragüenses han cursado ya sus solicitudes de asilo y otros 26.000 aguardan a que las suyas sean formalizadas.

Entre los refugiados que abandonan sus hogares, hay estudiantes, antiguos funcionarios públicos, políticos opositores, periodistas, médicos, activistas de derechos humanos y campesinos, con un importante número de ellos necesitados de asistencia médica, apoyo psicológico, ayuda alimentaria y de vivienda.

“Sin una solución política de la crisis en Nicaragua, la gente continuará marchándose”, ha advertido la portavoz, quien ha añadido que se necesitan más fondos para fortalecer la respuesta humanitaria de la organizacion en esta crisis migratoria.

Por ello, ha subrayado Throssell, ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas están trazando un plan de respuesta humanitaria para apoyar al Gobierno de Costa Rica a la hora de atender las necesidades inmediatas de los solicitantes de asilo, así como de las comunidades que los acogen. 

“Si la comunidad internacional no actúa en la crisis de Nicaragua lo lamentará”, explicaba la exiliada activista nicaraguense Francisca Ramírez en una entrevista con EL PERIÓDICO. 

La crisis política de Nicaragua ha causado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha acusado al  Gobierno de Nicaragua de crímenes de “lesa humanidad”, mientras que ONG locales hablan de 568 víctimas mortales y el Ejecutivo solo reconoce 199.  También cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno de Ortega.