Diez meses después de su llegada a puerto, de los 629 inmigrantes a bordo del buque humanitario Aquarius recibido en Valencia por decisión del Gobierno cuando Italia le abandonó a su suerte en el Mediterráneo, 418 (66,4%) continúan recibiendo en España prestaciones del sistema nacional de acogida financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Mitramiss), mientras que 64 menores (10,1%) permanecen en recursos de la Generalitat Valenciana. Según los datos facilitados a ABC por el propio Ministerio, el resto del pasaje lo componen 67 personas que renunciaron a beneficiarse del programa o terminaron abandonándolo, a los que hay que sumar los 80 únicos aceptados como solicitantes de asilo por Francia, que negó esa misma posibilidad a 220 hombres y mujeres más procedentes del barco cuya voluntad primera fue instar la protección internacinal del país vecino.

El recibimiento del Aquarius poco después de la segunda semana de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo fue preludio del verano con mayor afluencia de pateras registrado nunca en nuestro país, amén de una decisión migratoria iniciática altamente propagandística, que creó a la vez confusión y temor dentro y fuera de España. De hecho, el mismo fin de semana que el barco atracaba y Sánchez agraciaba a sus 629 ocupantes con una autorización de residencia excepcional de 45 días, en las costas de Andalucía eran rescatadas otras 1.511 personas 396 el mismo día y 1.115 al siguiente a los que esperaba un expediente de expulsión inmediata, (en especial a los nacionales de Marruecos y Argelia), un centro de internamiento por entrada irregular o la posibilidad de pedir asilo. A lo largo de ese mes de junio, a otros 13.000 inmigrantes que ingresaron en suelo español al margen de los cauces legales se les aplicaría ese mismo trato.

Más que intrusos en territorio español, a los integrantes del Aquarius se les trató de alguna manera como «invitados» y, como tales, en una primera acción de acogida fueron trasladados a hospitales y luego centros especializados las mujeres con hijos o embarazadas, las víctimas de trata y los menores no acompañados (menas). El resto fue llevado al complejo educativo de Cheste de la Generalitat, gestionado por Cruz Roja, desde donde, ya como demandantes de asilo, serían derivados a diferentes instituciones en hasta 31 provincias españolas, amén de las 80 personas ya mencionadas que Francia aceptó de entre 300 solicitantes por entender que podrían cumplir los requisitos para obtener protección internacional en su territorio. Una delegación de la Oficina de Asilo gala se desplazó expresamente a Valencia para valorar caso por caso, y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) se ocupó finalmente del viaje de los inmigrantes hasta París en julio.

Valencia y más concretamente, primero centros de la Generalitat y Cáritas, y luego ONGs adscritas al Sistema Nacional de Acogida ha sido, precisamente, la provincia que se ha hecho cargo del mayor número de pasajeros del Aquarius, incluido el que sea quizás el grupo más difícil de abordar, el de los menas, que en un inicio eran 74, aunque diez de ellos ya han cumplido la mayoría de edad y han sido puestos en manos de otras entidades. Hoy Valencia alberga en total a 199 de esas personas, seguida mucha distancia por Sevilla, donde hay 29; Murcia, con 26; Castellón, con 20 y Alicante, Navarra y Madrid, con 19 cada una de ellas.

150 en Cruz Roja

Por organizaciones, Cruz Roja Española es, también con mucha diferencia, la más implicada en el cuidado de los que llegaron en el barco humanitario, 150. Desde el Programa de Refugiados, Cristina Domínguez explica que la permanencia en los recursos de acogida temporal que integran el programa para solicitantes de protección internacional financiado por el Mitramiss es de seis meses. Ese periodo se habría extendido básicamente entre julio y enero, aunque existe la posibilidad de una prorroga cuando se trata de casos de especial vulnerabilidad.

Durante ese tiempo, explica la voz de Cruz Roja, «aparte de la cobertura de sus necesidades básicas, que incluye aprendizaje del lenguaje, se les presta apoyo psicológico y legal y se trabaja de forma intensiva en la contextualización, en que conozcan por ejemplo sus derechos y deberes».

En una segunda fase, preparatoria para alcanzar su propia autonomía, se les ayuda para la búsqueda efectiva de trabajo y de una vivienda: «las entidades apoyamos económicamente ese alquiler y en las necesidades básicas», añade Domínguez, que indica que en marzo, excepto 30 personas que continuaban en acogida temporal, todos los inmigrantes del Aquarius a cargo de Cruz Roja ya estaban en pisos. El dinero disponible para estos fines puede extenderse 18 meses y procede de las arcas públicas vía Ministerio de Trabajo, sin que se haya podido concretar qué cantidad máxima se emplea por beneficiario o unidad familiar.

La misma fuente indica que el especial perfil de quienes llegaron a bordo del buque «muchos de ellos subsaharianos, con un trayecto migratorio que arrastra circunstancias de mucha violencia» obliga a trabajar la integración con unas características diferentes, adaptándose a la dureza de las vivencias que han padecido. La principal nacionalidad presente en el barco era la sudanesa (191 personas), seguida de los originarios de Nigeria (143), Eritrea (54) y Argelia (40).