La ‘operación Sofía’ que coordinaba el despliegue de fuerzas navales europeas en el Mediterráneo no rescatará a ningún hombre, a ninguna mujer, a ningún niño en peligro como lo ha estado haciendo desde el 2015, salvando 44.810 náufragos. Los Estados europeos decidieron el pasado 27 de marzo que, a partir de ahora, su misión se limitaría a la formación de la guardia costera de Libia y la observación aérea. El año 2018, al menos 2.299 personas murieron en el Mediterráneo, probablemente más, si tenemos en cuenta todos los que desaparecieron sin voz, personas de las que no tenemos ninguna huella ni ningún testigo.

Suspendiendo las operaciones navales de ‘Sofía’, el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno decidió que en 2019 fuera aún peor. De esta manera, los estados europeos han decidido abandonar el Mediterráneo y designar como ‘sheriff’ un Estado políticamente hundido en la inestabilidad absoluta y culpable de tortura, como lo atestiguan las ONG presentes en la región y como lo recuerda el informe de la ONU ’Desesperados y peligrosos: informe sobre la situación de los Derechos Humanos de los migrantes y de los refugiados en Libia’ de diciembre de 2018: "Libia no puede ser considerada lugar seguro". Incapaces de ponerse de acuerdo sobre el lugar y las condiciones para el desembarco, incapaces de solidarizarse entre ellos y con las víctimas, los gobiernos europeos renuncian a la obligación de rescate en el mar. Porque no sólo las flotas estatales coordinadas por Sofía se quedan sin zarpar, sino que los marineros de pesca, de transporte o de organizaciones de búsqueda y salvamento en el mar, se les prohíbe desembarcar a los náufragos y son, incluso, perseguidos como criminales.

La negativa del Consejo a resolver la cuestión del desembarco de los náufragos pone en peligro un principio tan antiguo como la humanidad: no se puede dejar a nadie ahogarse. Sea un navegante, un enemigo de guerra, un trabajador del mar, o un barco de pasajeros, el deber de rescate no se elige. El derecho internacional lo fija: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 obliga a los Estados y la Unión a poner en práctica los medios necesarios para el rescate en el mar; y las enmiendas a los convenios SOLAS y SAR adoptados en 2004 establecen que se proponga un lugar seguro de desembarco a los capitanes de embarcaciones que piden socorro, y que se haga en el menor tiempo posible. Incumplir estas obligaciones legales es una violación flagrante del derecho internacional.

Desde hace meses, denunciamos lo absurdo de un conflicto jurídico entre los compromisos internacionales por el rescate en el mar, y las prohibiciones de desembarcar bajo las amenazas de criminalizar a los capitanes y de inmovilizar los barcos impuestas por los Estados. Y mientras los marineros viven una tragedia, porque acaban siendo culpables hagan lo que hagan con los náufragos, – para quienes la cantidad de peligros en el mar no hace más que aumentar – , los verdaderos responsables, firmantes de los convenios internacionales, abandonan el terreno. Este fracaso conduce hoy a una crisis política y humanitaria que continúa erosionando los cimientos de nuestra civilización y los derechos humanos como valores compartidos.

Nosotros, diputadas y diputados europeos de grupos políticos de izquierdas y ecologistas (S & D, GUE / NGL, Verdes / ALE), y teniendo en cuenta que una respuesta europea coordinada con el mandato humanitario es una herramienta necesaria para garantizar el cumplimiento de la Unión de sus compromisos internacionales, exigimos:

- Que los Estados miembro respeten escrupulosamente las obligaciones internacionales que han ratificado; que los Estados miembro adopten mecanismos regionales de desembarco rápido en lugares seguros, respetando plenamente los derechos humanos y el principio de no devolución; la restauración de las operaciones navales de la ‘Operación Sofía’; que no se inicie ningún procedimiento contra los marineros que rescatan gente en el mar en cumplimiento de sus obligaciones de salvamento marítimo.

Nosotros, diputadas y diputados europeos de grupos políticos de izquierdas y ecologistas, pedimos una resolución inmediata a la crisis jurídica y humanitaria del rescate marítimo.

Cofirmantes: Isabelle Thomas, Edward Martin, Marie – Christine Vergier, Marie – Pierre Vieu, Guillaume Bales, Christine Revault, Allonnes Bonnefoy (Francia), Elly Schlei, Barbara Spinelli, Renata Briano (Italia), Nessa Childers (Irlanda), Dietmar Köster (Alemania), Lucy Anderson (Reino Unido), Jordi Solé (Catalunya), Kathleen Van Brempt (Bélgica).