El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, solicitó ayer una entrevista urgente con José Luis Rodríguez Zapatero con el fin de estudiar más medidas que frenen la llegada masiva de inmigrantes. El gobernante insular también pretende protestar por el incumplimiento del Ejecutivo central de los acuerdos adoptados en marzo del año pasado en los que se recogían una serie de iniciativas con las que se frenaba este fenómeno.

El Gobierno autónomo reconoce, no obstante, lo acertado de las medidas anunciadas el pasado lunes por la vicepresidenta primera, aunque el gabinete de Adán Martín exige que se concreten algunos de los compromisos y fijar fechas precisas para algunas de las medidas ya que se han producido muchos incumplimientos de lo acordado en marzo.

El encargado de dar cuenta de este acuerdo adoptado en una reunión urgente del Ejecutivo insular fue el consejero de la Presidencia, José Miguel Ruano, quien consideró que lo ocurrido «es la expresión de una crónica anunciada, previsible en el momento en que mejorasen las condiciones del mar, a la que han contribuido los incumplimientos del Gobierno del Estado».

Ruano se quejó de que Canarias «está deslocalizada» de las políticas generales del Estado en comparación con otras comunidades, este ‘olvido’, agregó, ha sido una de las razones por la que el Gobierno ha actuado «con dispersión» política y sin dar prioridad a la inmigración irregular que llega al archipiélago.

Cumbre Euroafricana

El Ejecutivo canario exigirá que se cumplan las medidas adoptadas y que se solicite información directa de los ministerios con competencias en materia de inmigración. El Gobierno canario pidió además participar en la Cumbre Euroafricana que se celebrará el próximo julio en Marruecos.

El consejero aseguró que los servicios de atención a los inmigrantes a pie de playa están desbordados. También reclamó que no se hagan conjeturas sobre el origen de los últimos inmigrantes llegados a Canarias, pues, al asegurar que proceden de Senegal sin haberlo comprobado, se impide su repatriación, dado que no existe un convenio para ello entre España y el país africano.

Respecto a la polémica surgida a raíz de algunas declaraciones del delegado del Gobierno de Canarias, José Segura, sobre la llegada de embarcaciones al archipiélago, Ruano dijo que no duda de su buena voluntad pero la inmigración es algo «que le ha superado», razón por la que el Ejecutivo autónomo desea tratar el problema directamente con Rodríguez Zapatero.

En el cruce de declaraciones, entró también el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, el senador de Coalición Canaria Ricardo Melchior, quien afirmó que habrá que poner «todas las pateras con todos los irregulares en Moncloa» para que el Gobierno central «se dé cuenta» de lo que ocurre un fin de semana en Canarias con la masiva llegada de inmigrantes irregulares.

No se quedó ahí Melchior, quien criticó también que el Gobierno socialista «se ocupe más de la final de la Liga de Campeones y del problema de Repsol en Bolivia» que de visitar Mauritania para conocer la situación de ese país y de la llegada de irregulares a las costas canarias. El senador dijo no explicarse cómo se puede tratar con «tan poca eficiencia» algo que, reconoció, «es muy difícil de resolver, pero en lo que se puede avanzar».

Sherlock Holmes

Melchior llegó a preguntarse si no hay capacidad para detectar la presencia de buques nodriza, «¿pues imagínese si somos capaces de detectar un reactor o algo parecido?». Ironizó asimismo con preguntas del tono de «¿O no sabemos que los motores que traen los cayucos, que son Yamaha, tienen un número y se puede saber dónde se compran y dónde se venden? ¿Es que hace falta ser Sherlock Holmes o James Bond para averiguar eso?».

El presidente del Cabildo de Tenerife criticó que los ministros e incluso el propio presidente puedan acudir hoy al partido de fútbol de la Liga de Campeones, en París, cuando «en seis meses no ha podido ir un ministro a Mauritania» para conocer la situación. Asimismo, aclaró que no saben qué destino dar al dinero que aporta la UE en materia de inmigración. «No sabemos a qué destinar los dos millones de euros que se podrían dividir por 1.500 vidas perdidas, por lo que cada vida saldría a poco más de 1.000 euros», dijo.

Antonio Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anunció, a su vez, que los juzgados de Tenerife que atienden los asuntos de inmigración ilegal están «en colapso total» por la llegada de indocumentados.