PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL

WASHINGTON. La reforma de inmigración auspiciada por la Casa Blanca – lanzada con un lento «strip – tease» de filtraciones que empezó el viernes de la semana pasada y ha culminado este lunes con un discurso del presidente Bush a la nación – no ha logrado convencer al ala más conservadora del Partido Republicano.

Elemento clave dentro del pasional debate parlamentario entablado en Washington sobre qué hacer con más de doce millones de inmigrantes ilegales, que mayoritariamente han entrado a territorio estadounidense por los 3.200 kilómetros de porosa frontera con México.

Seguridad en las fronteras

A pesar de que las propuestas del presidente Bush hacen un evidente énfasis en seguridad de fronteras – con el compromiso de invertir casi dos mil millones de dólares en personal, tecnología e infraestructura, además de desplegar 6.000 efectivos militares de la Guardia Nacional – , la línea dura de los republicanos, que domina la Cámara de Representantes, considera que esos incentivos son insuficientes para digerir lo que consideran como una ilegítima amnistía encubierta respalda por la Casa Blanca.

Reacción negativa que ha reforzado los vaticinios pesimistas en Washington sobre la imposibilidad de sacar adelante una reforma integral en material de inmigración durante este año, con la «distracción» de unos comicios electorales en noviembre donde se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Incertidumbre electoral mezclada con el liderazgo disminuido del presidente George W. Bush.

Tal y como recalcaba el diputado Tom Price, republicano de Georgia, «no se pueden tolerar poco disimulados intentos de promover amnistía».

Según Price, «aunque somos una nación de inmigrantes, también somos una nación de leyes, y recompensar a aquellos que violan nuestras leyes no solamente deshonra el duro trabajo de los que vienen aquí legalmente sino que no hace nada por solucionar la actual situación». Irónicamente, los demócratas se han mostrado mucho más proclives a las propuestas de la Administración Bush, sobre todo en lo referente a la hora de abrir una vía de regularización para indocumentados.

Por lo menos, con el impulso para encontrar un «racional punto intermedio» en palabras de Bush, se espera que una mayoría de republicanos y demócratas en el Senado produzca un texto legislativo de compromiso antes de finales de mayo. Aunque la verdadera batalla política tendrá lugar a la hora de conciliar la versión de la Cámara Alta con la aprobada en diciembre por la Cámara Baja, que tiene un marcado carácter punitivo y contempla construir un muro de separación en la frontera sur del gigante americano.

En lo que respecta a los Estados de la Unión directamente afectados por el masivo trasiego de «indocumentados», las reacciones hacia las propuestas de la Casa Blanca también se han presentado divididas. Desde el respaldo expresado por Arizona y Texas a las dudas expresadas por California y Nuevo México. Incluidos reproches de que la Administración Bush no se ha molestado en coordinar y anticipar su programa con los gobernadores afectados.

«Una tirita»

Arnold Schwarzenegger, uno de los inmigrantes más legendarios de Estados Unidos, convertido en gobernador republicano de California, ha indicado que desplegar tropas de la Guardia Nacional para misiones de seguridad fronteriza «es una solución de tirita», inadecuada para atajar un problema tan grave. Mientras que la gobernadora demócrata de Arizona, Janet Napolitano, ha dado la bienvenida a la posibilidad de refuerzos militares en el Estado por donde pasan el mayor número de inmigrantes ilegales procedentes de México.

La opción de recurrir a la Guardia Nacional tambien está siendo cuestionada porque estos efectivos militares a tiempo parcial están siendo utilizados por el Pentágono para cubrir sus necesidades de personal en el teatro de operaciones en Irak.

Además de plantear nuevos reparos sobre la utilización de militares en misiones policiales, posibilidad expresamente prohibida a nivel federal por la legislación de 1878 conocida como «Posse Comitatus Act».