La llegada masiva de inmigrantes africanos a Canarias ha reavivado el debate sobre este fenómeno, sus consecuencias y la actitud de España. Más allá del «buenismo» imperante, hay que analizar el problema a fondo

DECIR que, apliquemos la política que apliquemos, no se va a cortar el flujo masivo e ilegal de inmigrantes africanos, no es una solución, ni siquiera un consuelo. La receta válida, a buen seguro, es paliar el abismo de rentas per cápita, para que al liberalismo económico no le responda la invasión anárquica de los desfavorecidos, decididos – u obligados – a ejercer un derecho humano básico: ir de un país a otro. La solución consiste en desarrollar los países de origen, y el desarrollo no consiste sólo en inyectar millones, cebo tradicional de las oligarquías locales. Pero el problema tiene otras vertientes. Conmoverse ante las fotografías de los inmigrantes rescatados al Atlántico no equivale a admitir que se quede a dormir en casa un necesitado que se ha colado porque la puerta estaba abierta. Canarias es una puerta franca y los africanos que se lanzan a la travesía saben que sólo un porcentaje mínimo de ellos será repatriado y que la inmensa mayoría, si llegan a tierra española, recibirán atención y pasarán al continente. La desidia del Gobierno parece indudable y la acción de mafias, también. Frenado el problema en Marruecos, pactada la repatriación con Mauritania, ahora los inmigrantes salen de Senegal. Pero esas costas quedan de Canarias más distantes que la península, más de once mil kilómetros. La travesía exige naves capaces y potentes. Los pescadores canarios hablan hace meses de «buques nodrizas», que traen a los inmigrantes hasta las aguas jurisdiccionales y allá los libran a su suerte. Los modernos negreros merecen mano dura.

Se ha dicho que el problema no es español, sino europeo, porque Canarias es Europa. Ocurre, no obstante, que cuando España decidió la última regularización, la UE mostró sus reparos y advirtió de los efectos, y aquí no se le hizo caso.