España no expulsa a ninguna mujer inmigrante embarazada ni a madres con hijos nacidos en territorio español, han asegurado a Efe fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones que, no obstante, han precisado que si en algún momento se ha hecho es porque no constaba su embarazo.

“Expulsar a personas en situación de vulnerabilidad está en las antípodas de las prioridades del Gobierno”, han asegurado las citadas fuentes.

Migraciones ha hecho estas aclaraciones tras la polémica surgida en torno a la propuesta de ley de maternidad del PP que incluiría garantizar la confidencialidad de las mujeres migrantes en situación irregular que entreguen a sus hijos en adopción en España para evitar su expulsión durante el citado proceso y un posible abandono del bebé.

“Ni se expulsa a mujeres embarazadas, por los riesgos que conlleva, ni a madres con hijos nacidos aquí. Si en algún momento se ha expulsado a alguna mujer es porque no se supiera o no constara” su embarazo, han reiterado.

La atención de mujeres migrantes embarazadas es una prioridad del Gobierno, porque se trata de una situación que aumenta aún más su vulnerabilidad y muchas de ellas han sido víctimas de trata de seres humanos, han recalcado desde la Secretaría de Estado de Migraciones.

Este departamento, dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha indicado que prueba de ese compromiso, es el incremento del 31 % en 2018 del presupuesto destinado a víctimas de trata de seres humanos.

Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de marzo de 2019 se ha atendido a 44.417 personas en las diferentes plazas de atención humanitaria, de las que 7.563, el 17 %, son mujeres.

De las mujeres que entraron a España en 2018 a través de las costas peninsulares o de Ceuta y Melilla, 450 estaban embarazadas, han precisado las mismas fuentes.

En el Sistema de Acogida para solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional se han concedido, en 2018, plazas residenciales a 15.000 mujeres (sin detallar cuántas estaban embarazadas).

Migraciones recuerda que dentro de ese sistema de acogida se prevé una especial atención a las embarazadas para garantizar que estén cubiertas todas sus necesidades a lo largo del periodo de gestación, con independencia de las variaciones de su situación administrativa, incluso aunque se les deniegue la solicitud de asilo y refugio.