La asociación Juezas y Jueces para la Democracia considera que la medida propuesta por el Partido Popular de aplazar la expulsión de España de las mujeres inmigrantes que manifiesten su voluntad de dar a sus hijos en adopción, dentro de una Ley de Apoyo a la Maternidad, supone “una clara coacción del derecho de la mujer a la maternidad y situaría a la persona afectada ante una situación coercitiva, de modo que en la práctica se le amenazaría de expulsión salvo que renunciara a la propia maternidad dando a sus hijos en adopción”.

En un comunicado, los jueces muestran “su profunda consternación porque se haya suscitado en el debate público” la posibilidad de este proyecto legislativo, mientras recuerdan que “no es posible admitir propuestas para legislar que impliquen la mercantilización de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de los niños, sea cual sea su nacionalidad, situación económica o administrativa”. Además, indican que “la ley de extranjería ya señala que la expulsión no podrá ser ejecutada cuando afecte a las mujeres embarazadas y la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre”. Y añade que “la situación de las mujeres extranjeras embarazadas en situación de ilegalidad en el territorio nacional supone una posición de especial vulnerabilidad que no puede ser explotada y menos en aras de una política demográfica que puede ser llevada a cabo mediante medidas de fomento de la natalidad y la conciliación de la vida familiar y laboral”.

Jueces para la Democracia señala también que “una regulación como esa supondría una separación forzada en la propia raíz de la relación materno filial, lo que resulta inadmisible desde el punto de vista de la ética y del derecho”. “Tal decisión se encuentra en las antípodas de las obligaciones internacionales del Estado español pretendiendo obtener un beneficio político de la situación de vulnerabilidad de la mujer emigrante embarazada”, añaden. “Situar a la mujer emigrante en la tesitura de ser expulsada de forma pronta o dar a su descendencia en adopción atenta igualmente al derecho del menor a la vida familiar y al principio jurídico consagrado internacionalmente de protección del ‘interés superior del niño/a’”.

La medida planteada “choca frontalmente”, según la asociación, “con el espíritu” de la Constitución. En concreto, contraviene los artículos que reconocen el derecho a la intimidad familiar y a la protección integral de los hijos y de las madres. Pero no solo eso: “También se violarían derechos consagrados en instrumentos internacionales como es el caso de la declaración universal de los derechos humanos en cuanto al derecho de cualquier persona a fundar su propia familia o a no sufrir injerencias en su vida familiar”.

Entre la riestra de normas que contraviene esta propuesta, Juezas y Jueces para la Democracia continúa enumerando: el pacto internacional de derechos civiles y políticos, el convenio de Roma para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales o el Pacto Mundial para una inmigración segura, ordenada y regular. Este último, recuerdan, “compromete a los Estados a la protección de sus derechos humanos, en particular cuando se trate de mujeres que corren riesgo o de menores y a elaborar políticas migratorias con perspectiva de género para responder a las necesidades y vulnerabilidades de las mujeres, las niñas y los niños migrantes como es el caso de la asistencia, atención sanitaria y los servicios se asesoramiento psicológico y de otro tipo”.