La decisión de Bush de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México para que impida el paso a los sin papeles ha avivado el debate sobre el problema latino en Estados Unidos, que se concreta en una comunidad de 41 millones de personas, de las cuales más de la cuarta parte están en situación irregular. Es dudoso que la medida, que quiere tranquilizar a los votantes republicanos más conservadores, impida que siga adelante la idea de construir un muro de la vergüenza en la misma frontera. No lo es, en cambio, que la militarización del problema, denunciada por México, agravará las tensiones sociales en los estados con presencia importante de hispanos.
La cohesión demostrada por la minoría latinoamericana en las manifestaciones del Primero de Mayo fue todo un aviso. Un tratamiento meramente represivo de la marea migratoria, como pretende la Administración de Bush, en un país edificado sobre sucesivas oleadas de inmigrantes, alimentará una situación insostenible con el crecimiento de una subclase de trabajadores sin derechos, segregada de la sociedad que los emplea. Solo la canalización de los flujos procedentes del sur y la legalización de los indocumentados pueden evitar una explosión de descontento.