El millar de subsaharianos llegados a Canarias el fin de semana ha llevado al Gobierno a incorporar al Ejército en funciones de patrulla y rescate, a contratar un satélite militar y a iniciar una ofensiva diplomática en los países de procedencia de los inmigrantes. Las dimensiones del problema desbordan todas las previsiones: en lo que va de año, los inmigrantes llegados a las islas superan los de todo el 2005, unos 5.000. Y el buen tiempo fomenta la masificación de este tránsito peligroso. Es algo ya sabido, pero esta vez el Gobierno canario ni ha mejorado infraestructuras ni ha avisado al Ejecutivo central.
Una de las consecuencias inmediatas de la situación ha sido la exportación de sin papeles a la Península. A Barcelona han llegado más de 600 desde enero, y Madrid y Valencia han acogido contingentes similares. Nada está más lejos de ser una solución que este kafkiano trasiego de inmigrantes, cuyo futuro inmediato depende de los recursos de las oenegés y las organizaciones caritativas, pero que a medio plazo suelen caer en manos de empresarios sin escrúpulos o de mafias. En suma, se condena a estas personas a la más absoluta indefensión y explotación, mientras sus países de origen no hacen otra cosa que abandonarlas a su suerte.