LUIS DE VEGA. CORRESPONSAL

RABAT. El Gobierno, aunque guarda silencio, ha dado marcha atrás después de defender la legalidad de la devolución a Marruecos de 73 subsaharianos llegados a Melilla durante la crisis de las vallas. Las críticas llovieron entonces señalando como responsables a la Delegación del Gobierno en la Ciudad autónoma y al Ministerio del Interior. Tres ciudadanos de Costa de Marfil, que integraban aquel grupo y con los que ha contactado ABC, se encuentran desde el pasado 9 de enero en un centro para inmigrantes de Sevilla.

Según el Consejo General de la Abogacía Española se cometieron «importantes ilegalidades» al enviarlos a Marruecos, explicó Helena Arce, de la subcomisión de Derechos de Extranjería del Consejo. Consideró que la asistencia letrada fue «mejorable» en Melilla al verse desbordada, pero, a su vez, recordó que se interpusieron 73 recursos en alzada contra las expulsiones.

Además de esos recursos por vía administrativa, se interpusieron cuatro por vía contenciosa por violación de derechos fundamentales de cuatro de los inmigrantes, que eran demandantes de asilo ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Marruecos. Se trata de los tres costamarfileños readmitidos y un maliense que fue repatriado por Rabat a su país. Pero un mes después de que los tres fueran trasladados de vuelta a España, la abogada de oficio que los atendió en Melilla aún desconocía que se encontraban en Sevilla.

Recursos desestimados

El Gobierno ha defendido siempre la legalidad de las 73 devoluciones a Marruecos. «¿Por qué si eran legales y los recursos fueron desestimados están algunos de vuelta?», se preguntó Arce, aunque reconoció que el Consejo oficialmente no tiene constancia de las devoluciones.

El pasado 21 de diciembre el ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo en Madrid al máximo responsable de Acnur, Antonio Guterres, que la UE estaba dispuesta a acoger a 16 inmigrantes que estaban en Maruecos con el estatuto de refugiados. Alonso no concretó entonces si los tres costamarfileños iban a ser readmitidos por España. Finalmente el grupo ha sido realojado entre España y Portugal.

El Defensor del Pueblo ya había dicho a finales de noviembre que las devoluciones a Marruecos habían sido «radicalmente incorrectas». La adjunta primera de la Institución, María Luisa Cava de Llano, se refirió en su comparecencia en el Senado al caso de los tres ciudadanos de Costa de Marfil.

Fue el 6 de octubre, coincidiendo con la visita a Melilla y Ceuta de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cuando se produjeron esas devoluciones. Los 73 fueron llevados primero en avión desde Melilla a la península. Aterrizaron en Málaga y llegaron por carretera hasta el puerto de Algeciras, donde los embarcaron en un ferry, acompañados de un fuerte dispositivo policial, hasta Tánger. Ya de madrugada, ABC fue testigo de cómo el puerto de la principal ciudad del Estrecho de Gibraltar en lado marroquí estaba literalmente tomado por policías, casi todos de paisano. Hasta la bodegas del buque «Banasa» entraron dos autocares, momento en el que los españoles entregaron los subsaharianos a los marroquíes.

El grupo de 73 fue trasladado semanas después a un campamento del Ejército marroquí a una treintena de kilómetros de Guelmín, en la zona no disputada del Sahara. Las autoridades impidieron el acceso a las organizaciones humanitarias y Acnur tuvo que hacer las entrevistas para saber quién tenía derecho al estatuto de refugiado, como así fue con los tres de Costa de Marfil, en una comisaría de Policía.