La Asamblea local de Melilla, el equivalente a un pleno municipal, aprobó ayer elevar al Congreso una modificación del Código Civil para endurecer el acceso a la nacionalidad española a los extranjeros residentes o nacidos en la ciudad autónoma. La medida, presentada por el Gobierno local del PP y aprobada con la mayoría absoluta de los populares tras varios meses defendiendo la propuesta públicamente, propone crear una excepción tanto en Melilla como en Ceuta. El objetivo es dificultar las solicitudes de nacionalidad de los marroquíes que nacen en los hospitales de las dos ciudades.

“Tenemos que parar que vengan tantas marroquíes a dar a luz a Melilla, a llenar los servicios de obstetricia y ginecología, y tenemos que parar el aluvión de propuestas de solicitud de nacionalidad española cuando cumplan estos chicos 18 años”, dijo el presidente melillense, Juan José Imbroda, en referencia a las madres que acuden desde la vecina Nador para parir en el Hospital Comarcal.

Los diputados de los tres partidos en la oposición votaron en contra de una medida que la secretaria general del PSOE local, Gloria Rojas, tachó de “electoralista”.“¿Por qué no se ha hecho antes? Leo la propuesta y la pregunta que me hago es por qué tienen de pronto esa preocupación”, señaló Rojas tras el pleno.

“[El PP] ha girado su discurso hacia los inmigrantes precoces (menores extranjeros no acompañados), hacia las parturientas o el posible acceso a la nacionalidad a los 18 años”, protesta Rachid Bussian, diputado por Coalición por Melilla (CPM). Según Miguel Marín, secretario general del PP melillense, se trata de “adaptar la normativa vigente a la situación actual de las ciudades de Ceuta y Melilla”.

“Discurso racista”

El PP justifica las medidas que propone en su lucha contra una supuesta “marroquinización” de melilla. “Queremos hacer una Melilla más española y más europea y menos marroquí”, comentó a EL PAÍS Miguel Marín, secretario general del PP en la ciudad. Para el diputado de CPM Rachid Bussian, se trata de elevar el “discurso racista” ante el posible avance de Vox. Tanto en Melilla como en Ceuta, el PP perdería en mayo sus mayorías absolutas, según los sondeos publicados por la prensa local.

Melilla es la ciudad española con mayor tasa de natalidad (15,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2018, según el INE, casi el doble que la media nacional), con la peculiaridad de que en torno a la mitad de los nacimientos registrados son de madres extranjeras (un 46% en 2018, según datos del Registro Civil; el PP lo eleva al 61% en 2017, según datos del Hospital Comarcal). Le sigue Ceuta, que comparte la misma problemática. Ambas ciudades están, sin embargo, a la cola de las concesiones de nacionalidad por residencia, tanto de nacidos en España (19 concesiones en Melilla, en 2017; 24 en Ceuta) como de nacidos en el extranjero (71, en Melilla; 82, en Ceuta), según datos de la Secretaría de Estado para las Migraciones.

En la actualidad, todos los hijos de extranjeros nacidos en España pueden optar a la nacionalidad si al menos uno de sus padres hubiese nacido también en territorio nacional. Los demás solo deben acreditar un año de residencia continuada para solicitar ser españoles. La propuesta del Gobierno melillense pide ampliar ese plazo hasta los 10 años de residencia para los nacidos en Melilla y Ceuta, igualando los requisitos a los de los extranjeros no nacidos en España.

Menores

Otra polémica medida aprobada por el PP pide enmendar el texto de la Ley de Protección del Menor y la Ley de Extranjería para considerar a los menores extranjeros no acompañados como “inmigrantes económicos”.

La medida abre la puerta a que los menores (según Bienestar Social, alrededor del 95% procedentes de Marruecos, con quien España tiene varios tratados de repatriación) sean devueltos a sus países de origen y no acogidos por los servicios de la ciudad autónoma como menores en desamparo. Imbroda mantiene que los menores que no puedan ser devueltos, por falta de referencias familiares en sus países, sean trasladados a la Península en un plazo de tres meses.

“Según los últimos datos del Ministerio de Interior, a finales de enero había registrados en los centros asistenciales de Melilla 1.127 menores, un 9,09% del total nacional, para un techo de 260. La cifra es ligeramente superior a años anteriores (917 en 2017 y 999 en 2016, según el Informe Anual de la Fiscalía del Estado), cuando el PP estaba en La Moncloa. La misma propuesta aprobada ayer fue registrada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Popular a principios de año, tras la visita del líder nacional, Pablo Casado.