Lo que todas las encuestas coinciden en reflejar como el gran factor novedoso de las próximas elecciones generales ya convocadas para el 28 de abril es la irrupción en el Congreso de los Diputados y en el complicado panorama político nacional del partido de ultraderecha Vox. Y con un porcentaje que no baja del 11% de los votos. Un nivel de representación que podría resultar determinante para permitir un gobierno de derechas en España en un escenario similar a lo que ha ocurrido tras los últimos comicios en Andalucía. Vox reeditará en esta campaña sus mensajes básicos en favor de la unidad de España, la recentralización de competencias, la intervención permanente de Cataluña. Y para ello aprovechará su presencia como acusación particular en el juicio contra los líderes independentistas en el Tribunal Supremo.

Vox ha anunciado que no se pronunciará públicamente como partido y de manera oficial sobre esta decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones el 28 de abril hasta el próximo lunes, cuando su líder, Santiago Abascal, tiene previsto ya un acto en el periódico La Razón. Pero poco después de concluida la declaración del presidente su líder, Abascal ha incluido este mensaje en su cuenta de Twitter: “La España Viva ha derrotado por fin una legislatura infame que empezó con un Gobierno incapaz y cobarde, y termina con un gobierno ilegítimo y traidor. España, otra vez, ha sido más fuerte que sus enemigos. El 28 de abril reconquistará su futuro. Juntos haremos historia”.

Las encuestas, en cualquier caso, pronostican que Vox estará hasta con grupo parlamentario propio en la composición del próximo Congreso de los Diputados en la XIII legislatura de este periodo democrático de España. La media de los sondeos publicados sitúa esa representación en torno al 11% de los votos y por tanto como un partido a tener en cuenta por PP y Ciudadanos si quieren componer un Ejecutivo de derechas alternativo al proyecto de Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios parlamentarios en este último mandato. Las encuestas aventuran un nivel de voto de esos tres partidos cercano al 50% de los votos y ni PP ni Ciudadanos se han pronunciado a favor de un cordón sanitario contra Vox tras esas elecciones como sí ha sucedido en otros países europeos.

Una de las bazas que Vox aprovechará sin duda será su presencia nada casual y sí muy estratégica como acusación particular en el juicio a los líderes del proceso independentista en Cataluña que se está celebrando en el Tribunal Supremo y cuya duración prevista de unos tres meses coincidirá de pleno con la próxima campaña electoral. Su secretario general, Javier Ortega, es abogado y acude a diario a la sala segunda del Supremo en esa función y realiza declaraciones a la puerta del tribunal para aprovechar mediáticamente ese escenario.

La inminente campaña electoral de Vox y de sus principales líderes es más que previsible porque llevan poniéndola a prueba desde hace meses por auditorios y foros en muchas ciudades españolas. Y con bastante capacidad de convocatoria. Los mensajes clave son muy directos y esquemáticos. Algunos ejemplos los ha sintetizado Abascal en su cuenta de Twitter, que es uno de sus medios favoritos para expresarse: “En España han fallado los políticos y han funcionado los tribunales y la corona”.

Vox no muestra reparos ni se avergüenza de enarbolar “la unidad de España” como su gran lema político y de campaña. Y la bandera de España. “Unidad de España y Estado de derecho”, subrayan. Y lo remachan con toques y eslóganes provocadores: “La hora de la verdad ha llegado”. Las principales propuestas, por tanto, van en esa misma línea: Estado unitario, recentralización de competencias y sobre Cataluña intervención permanente y supresión de la cadena de televisión autonómica TV3.

El único problema que se le puede presentar a Vox es que sus desmarques hasta ahora más retóricos que reales con el PP y con Ciudadanos, a los que catalogan como partidos de la derecha cobarde, se conviertan en escollos insalvables. Y Andalucía es un experimento y también un riesgo. Vox ha cuestionado ya con dureza que el PP andaluz y el presidente de esa comunidad, Juan Manuel Moreno, estén “incumpliendo” una de sus promesas estrella en el acuerdo alcanzado para el gobierno de derechas en esa región: facilitar la documentación oficial a disposición de la Junta de Andalucía a la Policía Nacional sobre los 52.000 inmigrantes ilegales que dicen hay en esa comunidad para facilitar su expulsión de España.