Donald Trump piensa firmar el acuerdo presupuestario que llegue del Senado. Una filigrana diplomática en la que trabajan desde hace semanas senadores de ambos partidos. La última bala real antes de aque el país volviera a sufrir el enésimo cierre de la Administración federal. Pero Trump no firmaría sin contrapartidas. No puede, después de haber hecho de la financiación del muro en la frontera su condición decisiva. El señuelo más importante con el que cuenta de cara a las elecciones. Junto con la buena marcha de la economía, claro está. La solución consistiría en declarar el estado de emergencia nacional. Una situación inédita, para la que probablemente no existen las circunstancias objetivas, pero también la única fórmula a su alcance para desbloquear los miles de millones que requiere el muro.

El anuncio de las intenciones presidenciales llegó por boca del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Es decir, a través de uno de los pesos pesados del partido, ahuyentando cualquier sombra de enfrentamiento respecto a la polémica medida. «Ha explicado que está listo para firmar el proyecto de ley», dijo, «Al mismo tiempo hará una declaración de emergencia nacional». A cambio de su conformidad, McConnell le habría prometido que los republicanos apoyarán la declaración de emergencia. Inmeditamente después se pronunciaba la propia Casa Blanca. «El presidente Trump firmará el proyecto de ley de financiación del Gobierno y, como lo ha dicho anteriormente, también tomará otras medidas ejecutivas, incluida una emergencia nacional, para garantizar que detengamos la seguridad nacional y la crisis humanitaria en la frontera», explicó la portavoz, Sarah Sanders.

El problema fundamental es que el estado de emergencia hay que justificarlo, y los números de inmigración, detenciones y delitos parecen justificarlo. EE UU está muy lejos de las cifras récord de inmigrantes ilegales de hace veinte años. De hecho, la serie histórica de la inmigración y la del crimen delata una caída sostenida desd el año 2000.

Los demócratas casi con absoluta certeza recurrirán a los tribunales y la cuestión terminará por desembocarse en el Supremo. Tampoco sería la primera vez que el Poder Ejecutivo trata de circunnavegar determinadas trabas legales. Alguna vez se ha recordado la guerra que mantuvo en 1937 el presidente Franklin D. Roosevelt en su afán para ampliar el número de jueces del Supremo. Se trataba de cambiar el voto del tribunal, contrario a varios aspectos del New Deal. Para lograrlo Roosevelt necesitaba más jueces favorables.

En el caso de Trump, tampoco parece imposible su triunfo. Los legisladores posiblemente nunca imaginaron que hubiera que proteger con cortafuegos la ley que permite usar fondos extraordinarios para hacer frente a una emergencia nacional.