HRW ya había criticado en 2017, 11 días después de la consulta ilegal, la utilización de porras para golpear a personas que se resistían “pasivamente” y a las que les causaron “múltiples heridas”. Tras recibir “muchas acusaciones” por los sucesos, la ONG decidió llevar a cabo “investigaciones in situ” para documentar incidentes específicos. La plataforma habló con víctimas y testigos y revisó pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo, y encontró que la Guardia Civil y la Policía Nacional hicieron “en ocasiones un uso excesivo de la fuerza, conforme trataban de ejecutar órdenes judiciales para impedir la votación”.

El escrito también denuncia la “deficiente” atención con la que España ha recibido a los más de 49.300 migrantes que llegaron a España por mar y los casi 6.000 que cruzaron la frontera de Marruecos hacia los enclaves de Ceuta y Melilla. HRW ha criticado, además, los “obstáculos” para solicitar asilo y las devoluciones sumarias en frontera. “El nuevo Gobierno alegó que reformaría la polémica ley de seguridad ciudadana de 2015 y adoptaría políticas migratorias más humanas. Hasta este momento, no se han presentado reformas legales”, sentencia la plataforma en el escrito, en el que también destaca que el Consejo de Europa ya censuró en septiembre las condiciones de los centros de acogida de migrantes de Ceuta y Melilla.