Ante el incremento de un 11,6% (1.419 incidentes en 2017) de los delitos de odio con respecto al año anterior, el Ministerio del Interior ha desarrollado un “Plan de Acción contra los delitos e incidentes de odio” que ha presentado este martes el ministro Fernando Grande – Marlaska. Se trata de una amplia batería de medidas que van desde la creación de la figura de “testigos prioritarios” (una suerte de red de confidentes tejida entre agentes de seguridad privada, porteros de locales de ocio, taxistas, etc.) hasta la inclusión del “antigitanismo como un ámbito específico del racismo”.

El Plan, que se articula en cuatro líneas de acción; 13 objetivos a alcanzar; 47 medidas; y supone la realización de tres nuevos documentos y la revisión de otro más, así como la edición bimestral de un Boletín de información, cuenta con una financiación de 472.500 euros para este año.

La inclusión de los llamados “testigos prioritarios”, una suerte de red de “confidentes”, pretende ampliar las posibilidades de detección de este tipo de delitos en los lugares en los que pueden producirse, ya que se ha detectado que hay muchos casos que no se denuncian. “Para que puedan aportar datos e informaciones relevantes sobre los espacios, situaciones y franjas horarias en las que determinados colectivos pueden verse especialmente inseguros o en situaciones de riesgo”, recoge el texto, que apunta al tercer trimestre de 2019 para que esta medida sea efectiva.

“Son experiencias que hemos vistos que funcionan de manera exitosa en otros países, como Reino Unido, en los grupos de trabajo sobre racismo y xenofobia que se reunen periódicamente a nivel europeo, y a los que asisten policías y miembros de ONG de distintos estados miembros”, explica Jaime Cereceda, responsable de atención a víctimas del Gabinete de Coordinación y Estudios. “Se trata de una experiencia bastante novedosa y práctica”, insiste, “ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden estar en todas partes”, explica. Y agrega: “Serán esas unidades policiales que trabajen en la calle las que localicen a esos informadores y colaboradores, al igual que estén en contacto con los colectivos más susceptibles de ser víctimas de estos delitos”, dice Cereceda, que asegura que es un tipo de línea de actuación que están siguiendo también “por ejemplo para los casos de trata”.

En Interior pretenden que este tipo de iniciativa sirva para contrarrestar lo que se conoce como “infradenuncia”, es decir, los muchos casos de esta tipología delictiva que quedan sin denunciar, según estudios y encuestas realizados por el ministerio.

En ese mismo sentido, y para incrementar la posibilidad de denuncia de las víctimas, el plan prevé también la creación de “una denuncia – tipo” para “delitos de odio” que facilite la labor del agente policial, y que supuestamente se implantará en el segundo trimestre 2019. Así como un espacio en la página web de la Oficina de lucha contra los Delitos de Odio para facilitar la comunicación de contenidos relacionados con el discurso de odio, para el cuarto trimestre 2020. Y la inclusión en la aplicación ALERTCOPS de un botón específico de “delitos de odio”, para que las víctimas puedan ser asesoradas sobre esta problemática, que previsiblemente funcionará en el tercer trimestre 2020.

Paralelamente, Interior abre todo un ámbito didáctico y de sensibilización social. Por eso incorpora este plan al “Plan Director”, que funciona desde hace años para garantizar la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos. Será en el primer trimestre de 2020. Pero, desde ya, está previsto que comience una campaña en redes sociales a través de las cuentas del Ministerio, Guardia Civil y Policía Nacional para sensibilizar a la sociedad.

El nuevo Plan hace especial hincapié en la formación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mediante la inclusión curricular de la materia de Delitos de Odio en sus estudios, y la creación de cursos y seminarios formativos. Asimismo, insiste en la necesidad de la homologación internacional de esta tipología delictiva para lo que presupone la creación de equipos específicos. 

Al mismo tiempo, establece una relación directa y continua entre la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y las organizaciones de la sociedad civil impulsoras del cambio social que conocen en profundidad las necesidades de muchos de los colectivos que son objeto de este tipo de delitos abominables: LGTBI, confesiones religiosas, asociaciones de personas con diversidad funcional u organizaciones de inmigrantes, entre otras. Según ha detallado Marlaska, los delitos que más se han incrementado son los relacionados con las creencias religiosas (un 119%), por motivos de ideología (un 72%), y racistas y xenófobos (un 26%).

“Con este Plan damos un nuevo enfoque e impulso a la actividad de las FSE ante los delitos e incidentes de odio. Y lo hacemos abordando cuatro ejes fundamentales: la formación de las FSE, la prevención de los delitos, la atención a las víctimas y la respuesta ante este tipo de delitos. Además, se desarrollan procedimientos específicos y herramientas digitales para contrarrestar los delitos y el discurso de odio también en las redes sociales”, ha anunciado Marlaska.

Por su parte, Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha un programa de intervención en el que tiene un papel fundamental la justicia restaurativa, para evitar la reincidencia en estos delitos.