El buque español Open Arms está atracado en el puerto de Barcelona y, de momento, no podrá continuar con su actividad de vigilancia y rescate en el Mediterráneo central. La Capitanía Marítima del puerto, dependiente del Ministerio de Fomento, ha denegado su retorno a la zona de rescate donde el año pasado más de 1.300 migrantes perdieron la vida al intentar llegar a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El parecer llega pocos días después del cuarto desembarco del Open Arms en España que, desde julio, ha traído a cerca de 450 personas, la mayoría solicitantes de asilo.

El despacho, firmado por el capitán marítimo Javier Valencia, detalla una larga lista de incumplimientos de convenios internacionales para justificar su decisión, pero ninguno de ellos es responsabilidad directa del barco o de su tripulación. Un ejemplo de ello es la referencia a la última misión del buque. “En la última operación de salvamento se vulneró lo indicado respecto a la obligación de desembarcar a los náufragos en un puerto seguro lo más cercano posible”, reprende el texto en referencia al rescate a finales de diciembre de 308 personas que ni Italia, ni Malta, ni ningún otro país europeo, quisieron aceptar y que llevó a España a autorizar su desembarco en Algeciras, el puerto seguro más lejano del Mediterráneo.

En su penúltimo desembarco, en agosto, la Capitanía Marítima de la bahía de Algeciras, también impidió la salida del buque durante tres días, pero los inconvenientes presentados, y rápidamente subsanados, fueron exclusivamente técnicos y de certificación, tal y como el capitán marítimo responsable, Julio Berzosa, explicó a EL PAÍS en aquella ocasión. La autoridad portuaria, en esta ocasión, dedica la mayor parte de su documento no a requisitos técnicos sino a describir la situación actual en el Mediterráneo central y los incumplimientos que se repiten en las operaciones de salvamento por parte de los responsables por coordinarlos.

En una época de discursos populistas anti-inmigrantes en Europa, Italia y Malta cerraron sus puertos a los migrantes rescatados y delegaron las tareas de coordinación y rescate a la guarda costera libia. Los rescatadores libios, con una estructura deficiente y parcialmente operativa, han sido denunciados por varias organizaciones testigos de sus rescates por su omisión y falta de preparación para salvar vidas. Antes del cierre de puertos este verano, los barcos de rescate como el Open Arms o el Aquarius auxiliaban a los náufragos y estos podían ser desembarcados inmediatamente en el puerto maltés e italiano más próximo con la ayuda de sus respectivas guardas costeras.

Esa coordinación no existe más en el Mediterráneo y el capitán así lo refleja para justificar que el Open Arms no debe volver hasta que exista un acuerdo para el desembarco de los auxiliados: “Las autoridades de la zona de búsqueda y rescate (SAR, en sus siglas en inglés) en la que opera el buque (las de Libia), ni en las contiguas (Malta e Italia) están coordinando las operaciones. Por el contrario, o bien las autoridades se están limitando a denegar el desembarco, desentendiéndose de la coordinación, o bien no han sido requeridos por parte del buque para hacerlo”.

La organización Proactiva Open Arms, propietaria del buque, denuncia que se le impida continuar con su trabajo no por sus incumplimientos, sino por la “omisión de los Estados”. “Es como impedir a una ambulancia que acuda a una emergencia porque los hospitales están llenos”, ilustran. El Open Arms es uno de los barcos más activos del Mediterráneo en su cometido de salvar vidas, una misión en la que llegó a haber hasta una docena de buques, pero una sostenida campaña de hostigamiento político y burocrático, que se ha cobrado entre otros al buque Aquarius, ha ido debilitándola.

La decisión de la Capitanía Marítima, ya recurrida, deja a la ONG sin su actividad principal. “Para nosotros dejarnos en puerto es como cerrarnos la fundación. Si no ponemos el foco mediático allí, no sabemos lo que ocurre en el Mediterráneo. Nuestra presencia obliga a que todos los que están en la zona cumplan con su obligación de salvar vidas”, lamenta su fundador, Óscar Camps. “Esto es una decisión política y al capitán marítimo le ha tocado transmitirla”, añade. El gabinete de comunicación del Ministerio de Fomento no ha respondido a la llamada ni los mensajes de este periódico.

Sin certificado para navegar con náufragos

La alusión más técnica del documento se refiere a los certificados para el transporte de personas del barco, que solo tiene permitido navegar con un máximo de 18 tripulantes. El texto mantiene que el buque no está autorizado a prestar servicio en “operaciones de salvamento que van acompañadas de un transporte por mar con un elevado número de personas, por un largo periodo de tiempo, incluso superior al plazo de una semana”. Estas situaciones, asegura el capitán, “comprometen la seguridad intrínseca del buque, de la tripulación y de las personas auxiliadas”.

La organización Proactiva Open Arms, interpuso el viernes un recurso de alzada en el que considera que la decisión es nula de pleno derecho y que la autoridad portuaria ha excedido sus competencias. En referencia al último punto, acerca del transporte de náufragos, el abogado de la organización pone como ejemplo al pesquero español Nuestra Madre Loreto, que en diciembre pasó 10 días con 12 migrantes a bordo esperando a que le abriesen un puerto para desembarcar. “¿Se le va a pedir que cumpla los requisitos de un buque crucero, solo porque ha rescatado náufragos en varias ocasiones? ¿Se le va a denegar el despacho para pescar?”, cuestiona el recurso. “Con este planteamiento se debería denegar el despacho a todo buque mercante, pesquero o incluso dedicado a labores de salvamento, pues ningún buque mercante de pabellón español y casi con toda seguridad, ningún remolcador de la flota de Salvamento Marítimo, contiene indicación alguna sobre el número máximo náufragos que puede rescatar”.