Fue una intervención punitiva. Espectacular. Suprema. El presidente de EE UU, rodeado por agentes del servicio de fronteras y acompañado por la consejera de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, habló desde la frontera enfrente de bolsas con droga, presumiblemente cocaína y metanfetamina, sacos con dinero y armas. «Dicen que el muro es medieval», exclamó Donald Trump desde su improvisado altar en Texas. «Bueno, también lo es la rueda. Hay cosas que funcionan, ¿sabes? Una rueda funciona. También el muro».

Hablaba el presidente cuando se cumplían 19 días y 14 horas del cierre del Gobierno federal. Por supuesto insistió en que México pagará. ¿Cómo? Con el nuevo acuerdo de libre comercio. «No dije que me iban a extender un cheque por valor de 20.000 o 10.000 millones. Nadie va a firmar un cheque. Dije que van a pagar por el muro». Eso sí, el segundo apagón administrativo de todos los tiempos, que mantiene a cientos de miles de empleados sin cheques y una ciudad, Washington, al borde del colapso, sigue situado una firma de distancia. La que serviría para rubricar una declaración de emergencia concebida para paliar una catástrofe natural o el ataque de una potencia enemiga. Con semejante figura, la Casa Blanca desbloquearía los fondos necesarios para construir el muro. Siquiera una pequeña porción del legendario y discutido muro. Esos 5.700 millones de dólares, sin contar muchos miles más en gastos suplementarios, que el Congreso, de mayoría demócrata, se niega a concederle.

Horas antes de embarcar rumbo a la frontera, donde tenía previsto departir con expertos en seguridad y aduanas y lanzar su discurso junto a la orilla del Río Grande, Trump había coqueteado otra vez con la hipótesis del volantazo ejecutivo. Una orden radical que permitiría reabrir miles de oficinas cerradas a falta de que alguien ceda, la Casa Blanca o el Congreso. Lo que el legislador nunca imaginó fue que la declaración de emergencia pudiera usarse para relanzar el plan del muro. O que la siempre debatida y nunca arreglada política de inmigración acabaría por provocar un conflicto institucional. Con un presidente decidido a actuar por su cuenta, los demócratas en armas y buena parte de la bancada republicana tratando in extremis de pactar algún tipo de compromiso.

Hasta tal punto llega el hartazgo de parte de los senadores republicanos que CNN informaba de una posible rebelión. Varios legisladores, suficientes para liberar el empate, habrían estado a punto de pactar con sus rivales demócratas. Lo exigen sus propios votantes, en muchos casos afectados por el apagón administrativo. Lo habría impedido la implacable campaña diplomática de los líderes del Senado y un puñado de altos cargos del Gobierno, encargados de razonar y apaciguar a los díscolos. El senador John Thune explicó que no le gustaba la declaración de emergencia y el previsible encontronazo legal. «Francamente, no estoy loco por ir por ese camino», dijo, «Inevitablemente, sospecho que será combatido en los tribunales».

¿Y cómo se fundamenta una emergencia delante de los jueces cuando los datos de inmigración hablan en contra? En el año 2000 y en 1986, la policía de fronteras llegó a detener a 1, 6 millones de ilegales en la frontera con México. En 2017 fueron 300.000 y en 2018, 400.000. Un aumento de 100.000 personas, pero las cifras conviene expurgarlas con luces largas y un vistazo a la serie histórica. De modo que los asesores legales y consejeros de la Casa Blanca trabajarían en otra táctica. Se trata de argumentar que la emergencia humanitaria existe a base de repetirlo. A tal efecto cuentan las declaraciones de los mandarines del Gobierno y gestos como la anunciada reunión de Trump en Texas con la monja Norman Pimentel, un símbolo en la lucha por los derechos y el bienestar de los inmigrantes.

Preguntado por qué no ha declarado ya la emergencia, Trump respondió que «me gustaría lograr el pacto a través del Congreso». La ruta de la excepcionalidad conduce de forma casi inevitable hasta los jueces y, posiblemente, en el Supremo. Encallada, paralizada a falta de la resolución definitiva al tiempo que abre la puerta a nuevas iniciativas presidenciales enfrentadas a la autoridad y atribuciones del Congreso. Nada nuevo. Los enfrentamientos entre los poderes son tan antiguos como la historia del país. Recuérdese la famosa batalla que sostuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1937 para tratar de ampliar el número de jueces del Supremo, que había declarado inconstitucionales varios aspectos del New Deal. Roosevelt perdió, pero la presión política acabó por reorientar algunas de las decisiones del Alto Tribunal. Pero Trump lo tiene más fácil por cuanto el Congreso no aprovisionó la ley con los contrapesos imprescindibles.