A los rohingyas, no reconocidos como parte de los 135 grupos étnicos oficiales de Myanmar, se les ha negado la ciudadanía desde 1982, al considerarlos el gobierno como inmigrantes bengalíes y no como birmanos. Una cruenta paradoja que le convierte en la minoría más perseguida del mundo.

De hecho, su población se concentraba originalmente en dos municipios limítrofes con Bangladesh (Maungdaw y Buthindaung) pero por múltiples motivos, lengua, cultura y religión, entre otros, no tienen permiso del Gobierno para abandonar el estado de Rakáin, poniéndose nuevamente en cuestión los derechos humanos de esta comunidad.

Para más inri, desde que estalló el conflicto en la región, en agosto de 2017, se estima que más de 700.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, la mayor parte buscando la frontera con Bangladesh y otros huyendo al norte de la antigua Birmania.

Muchos de ellos apenas han podido encontrar otro enclave para la subsistencia como el campo de refugiados de Cox Bazar, posiblemente el mayor del mundo en la actualidad. De la ayuda humanitaria dependen casi 400.000 niñas y niños.

Pese a la ayuda de Acnur, las condiciones de los desplazados siguen siendo duras. La mayoría de ellos han sufrido la quema de pueblos enteros, asesinatos y violaciones. La misma ONU solicitó juzgar a los militares myanmanos por genocidio, después de que las cifras de la represión se tradujeran en más de 25.000 muertos.

Aún con la presencia del joven gobierno democrático actual, encabezado por la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kye, la deuda histórica de Myanmar continúa de siendo una compleja losa, ya que desde el Estado se sigue legitimando la labor de su ejército, a pesar de los cruentos capítulos de violencia contra la población civil documentados por numerosos entes y organismos internacionales.

Ante esta panorámica, Acnur apoya la repatriación voluntaria y sostenible de los rohingyas en condiciones seguras y dignas. Sin embargo, considera que aún no se dan las garantías suficientes para certificarla, si bien subraya su compromiso con los esfuerzos del gobierno de Myanmar para crear estas condiciones, bajo los términos del Memorando de Entendimiento suscrito en junio por Acnur, PNUD y las autoridades myanmenas.

Dicha crisis, invisibilizada a nivel internacional, afronta en la actualidad numerosas aristas, algunas afiladas y complejas. No es solo el problema de la repatriación completa, sino también el compromiso de garantizar a los rohingyas derechos fundamentales y elementales para mejorar su calidad de vida. Voces autorizadas como la de la actriz Cate Blanchett, Embajadora de Buen Voluntad de Acnur, sintetiza perfectamente la delicada situación por la que atraviesan los refugiados: «Es necesario que tanto gobiernos como el sector privado e individuos trabajen juntos para encontrar nuevas fórmulas para ayudarles». No solo se trata de sus hogares, sino también de cuestiones básicas como garantizar agua potable, condiciones de salubridad mínimas, recuperar espacios comunes para poder cimentar la educación de los jóvenes, instalaciones adecuadas para lavar, cocinar, cuidar a sus mayores y poder preservarse de las inclemencias climáticas propias de estas latitudes, como las olas de calor y el monzón. En definitiva, Acnur tiene claro que la ayuda internacional es más que necesaria en esta crisis humanitaria