El mundo es un espacio común y compartido, en el que la interconexión permanente y las tecnologías de la comunicación y el transporte generan flujos de personas, bienes, informaciones e ideas a una escala hasta hace poco inimaginable. Esto requiere un sistema de gobernanza multilateral, que es para lo que nació la ONU al final de la II Guerra Mundial y en pleno descrédito de los nacionalismos, que aun hoy no acaban de salir de escena.

Los movimientos de población son un fenómeno natural, secular y estructural, que no constituye ni una anomalía ni una amenaza, por lo que no dejará de estar en la agenda política en las próximas décadas. Un desafío que sólo puede abordarse desde la cooperación internacional. Ningún país, ni siquiera región, puede por sí solo gestionarlo. Su naturaleza es intrínsecamente transnacional, como lo es también el reto del cambio climático, un factor que también influye en los desplazamientos de las personas, como consecuencia de la desertificación, junto con la inseguridad, la pobreza o la simple falta de oportunidades. Y, como ha recordado el secretario general de la ONU, nadie puede realmente sorprenderse de que los seres humanos busquen un futuro mejor para sí mismos y sus familias.

Pero los datos desmienten la visión manipulada por líderes y movimientos xenófobos que hablan de oleadas masivas de inmigrantes, prediciendo que estos empobrecerán nuestras sociedades y causarán males sin cuento.

Conviene poner los hechos en sus justos términos. La realidad migratoria alcanza hoy a 260 millones de personas, lo que representa el 3,4% de la población mundial, un porcentaje ciertamente moderado, si bien esta tasa es superior al crecimiento demográfico, también porque la emigración tiende a aumentar en la primera fase del desarrollo de los países, es decir cuando pasan de renta baja a media. Además, dos tercios de las migraciones internacionales son intrarregionales (porcentaje que se eleva al 80% en África o Asia) y, atención, el 90% de la movilidad mundial se desarrolla de forma legal.

También hay que ser conscientes de datos como los de la aportación de la migración a la economía, la revitalización de los mercados laborales, la dinamización cultural de los países de acogida, y a la reducción del déficit demográfico: la población de África crecerá de los 1.250 millones actuales a 2.500 en el 2050, aumentando su población en edad de trabajar en 800 millones. Entretanto, la fuerza de trabajo de Europa perderá 80.

Todo ello teniendo presente algunos problemas como la presión salarial a la baja en determinados sectores, lo que debe corregirse con la negociación colectiva y la sindicalización de todos los trabajadores, sean autóctonos o inmigrantes, abordando los retos que plantea gestionar la diversidad, y reduciendo las desigualdades. De lo contrario seguirá avanzando el repliegue identitario, el cual representa el más poderoso disolvente de una comunidad política: las migraciones se perciben hoy como una amenaza mayor a la integración europea que la crisis del euro.

El pacto mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular aprobado el 10 de diciembre en Marrakech por 160 países, incluyendo España, representada a nivel de jefe de gobierno, al igual que Alemania, Portugal, Grecia, y Bélgica, este último tras cesar a los nacionalistas de derecha flamencos del gobierno, se basa precisamente en la premisa de que en conjunto es posible maximizar las ventajas de las migraciones para los países de origen, tránsito y destino.

El pacto se adoptará formalmente como resolución de la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre. Será así la primera gran iniciativa de Naciones Unidas sobre esta cuestión, estableciéndose un modelo de responsabilidad compartida mutuamente beneficioso alrededor de 23 objetivos que abordan el fenómeno en todas sus dimensiones.

El pacto propone, en primer lugar, garantizar los derechos humanos, erradicando las vulnerabilidades de los migrantes durante todo el ciclo migratorio y garantizando su acceso a los servicios sociales básicos, evitar separar a los menores o detenerlos, luchar contra las numerosas redes de tráfico irregular de migrantes y de trata ilegal de seres humanos, y gestionar las fronteras de acuerdo con la legalidad internacional.

Se busca además optimizar el impacto de las migraciones en el desarrollo, generar nuevas vías regulares facilitando así la movilidad laboral, y sobre todo mejorar las condiciones de vida en los países de origen para que la emigración sea una opción más entre las que elegir y no en la única alternativa, especialmente para la juventud. Además, los países de origen deberán facilitar las readmisiones.

Esta iniciativa tendrá en todo caso que superar dos retos. En primer lugar hay que asegurar la ejecución del pacto por los estados, pues solo así la migración será un fenómeno seguro para el migrante y más ordenado y regular para los países de origen, tránsito y destino.

Por ello, se propone establecer una red migratoria compuesta por todas las agencias relevantes de la ONU en esta materia, mientras que la Organización Internacional de las Migraciones evaluará periódicamente su aplicación por los Estados. España, desde luego, se propone liderar también en la fase de implementación, como ya lo ha hecho en las negociaciones para su adopción.

De hecho, estamos ya ejecutando una política migratoria basada en la asunción del hecho migratorio como algo no coyuntural y en el respeto a los derechos y la dignidad humana, y que incluirá un plan estratégico involucrando a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pese a los desafíos de nuestros sistemas de gestión y de acogida –muchos de ellos comunes al resto de estados miembros de la Unión Europea– el “modelo español” es visto por la mayoría de nuestros socios como un ejemplo de gestión migratoria y de buena cooperación con terceros países.

Además hemos venido proponiendo una agenda migratoria en el marco de la Unión Europea. Los europeos compartimos una frontera exterior, por lo que la gestión de los flujos de migrantes y refugiados sólo puede ser común. De ahí nuestro apoyo al marco europeo de visados humanitarios, cuya puesta en marcha solicitó ayer el Parlamento Europeo, al sistema de cuotas permanentes de refugiados, y al fortalecimiento de la Agencia Europea de Asilo, además de nuestro compromiso con salvar vidas en peligro, materializado diariamente en el Estrecho y el mar de Alborán, y asumiendo incluso responsabilidades de otros países en situaciones por todos conocidas en otras longitudes del Mediterráneo.

El segundo reto consiste en reducir el incomprensiblemente amplio desajuste entre la realidad migratoria y su percepción social, algo especialmente patente en el continente europeo, y que se ha visto reflejado en el propio proceso de adopción del pacto. Así, hay que lamentar que a pesar del apoyo manifestado por la Comisión y el Parlamento Europeo, algunos estados miembros se han desmarcado, replicando una tónica similar a la observada en el marco de la Unión Europea con respecto a la política migratoria.

Tampoco ha ayudado que el Gobierno de Estados Unidos se autoexcluyera desde el principio de las negociaciones, y que además haya hecho campaña en contra, criticando los esfuerzos por establecer una “gobernanza mundial” para las migraciones (lo que es cierto, y necesario) y el intento por deteriorar “los derechos soberanos de los estados” (lo que es radicalmente falso)

Será necesario un enorme esfuerzo de pedagogía social para desmontar las narrativas abusivas, populistas y xenófobas que se han ido generando a lo largo de los últimos años con relación al fenómeno migratorio y que han tenido eco en parte de la UE, afortunadamente no tanto en España, al menos hasta ahora.