Las autoridades nigerinas dirigen en los últimos tres años una lucha drástica contra la emigración clandestina en Agadez, norte del país, que pese a su eficiencia ha causado un problema social para más de 6.500 traficantes y sus familiares que se han quedado sin medio de vida.

“Cincuenta de nuestros colegas chóferes están actualmente en la cárcel tras intentar transportar de forma clandestina a emigrantes subsaharianos hacia Libia y Argelia”, dijo a Efe Mamane Almou, extraficante de migrantes en Agadez, cuya economía local depende de esta actividad.

Almou, que denunció la decisión del Gobierno nigerino de criminalizar por ley en 2015 la emigración clandestina, señaló que sus colegas fueron interceptados y detenidos por patrullas de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad, que además confiscaron sus vehículos.

Estos cincuenta, más otros extraficantes, se encuentran “en paro” desde la entrada en vigor de la ley en 2017.

Almou se dedicó a esta actividad hace casi dos décadas proveyendo alojamiento a los migrantes y como intermediario antes de adquirir un vehículo todoterreno y contratar a un familiar para transportar a los emigrantes hacia Libia y Argelia.

“El 70 % de los jóvenes de Agadez ejercían esta actividad y ahora con su prohibición el paro sigue en alza en los tres últimos años y la economía local muere poco a poco”, lamentó Almou.

Con Almou coincide Hachimou Boukary gerente de una tienda en Agadez, quien subrayó que la prohibición afectó el comercio de la zona.

“Esta prohibición de la migración afecta la economía local porque los transportistas de migrantes nos proveían con productos alimenticios y otros artículos cuando volvían de su viaje. Ahora nos enfrentamos a un verdadero problema de suministro”, alertó Boukary.

Para solucionar esta situación, el Gobierno nigerino puso en marcha un proceso de reconversión de los extraficantes para su reinserción profesional, con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Son en total 6.565 extraficantes que fueron censados por las autoridades nigerinas, de los que solo 371 recibieron ayuda del Estado dos años tras haber lanzado el proceso, que consiste en impartir una ayuda financiera de 150.000 francos CFA (230 euros) por persona.

Los extraficantes critican la lentitud del Gobierno para hacer llegar este apoyo a sus beneficiarios.

“Cada vez que nos encontramos con las autoridades nos piden paciencia, al mismo tiempo que nos prohíben ejercer una actividad que nos garantizaba mucho dinero (hasta 3 millones de francos CFA o 4.500 euros) al mes para mantener a nuestras familias”, denunció Mahamadou Almoustapha, extraficante en Agadez, en declaraciones a Efe.

Abarchi Boubacar, otro extraficante de la zona, sostiene que la prohibición de sus actividades hizo proliferar otro tipo de traficantes que calificó de fraudulentos y que cambiaron las rutas tradicionales de emigración.

“Esto es lo que causa ahora la muerte de muchos emigrantes en el desierto”, dijo Boubacar.

Pese a que haya afectado negativamente la actividad económica, la lucha contra la emigración clandestina causó una disminución considerable en el flujo de emigrantes en Agadez, según pudo constatar Efe en el lugar.

Para un electo local en Agadez, el problema que enfrenta actualmente la zona no es el número de emigrantes que salen sino más bien la gestión de los que han llegado al país tras ser expulsados por Libia y Argelia.

El director regional del Estado Civil y de Emigrantes y Refugiados, Maidambé Ousmane, relativizó el número actual de los migrantes que transitan por Agadez para llegar a los países del norte de África, asegurando que la media no llega a cien al mes.

El responsable nigerino explicó que los migrantes provienen de los países miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), a los que no se puede cerrar la frontera debido a la cláusula de libre circulación de personas y bienes en el protocolo del organismo, que está ratificado por Níger.

Una fuente de seguridad indicó a Efe que los migrantes expulsados se entregan al centro de acogida de la Organización Internacional para la Migración (OIM) que tiene una capacidad de acoger a 1.000 personas.

“Los migrantes no se preocupan cuando interceptamos un convoy en el desierto, porque las autoridades les entrega al centro de acogida de la OIM, pero los traficantes comparecen ante las autoridades judiciales” para rendir cuentas, concluyó.