Los 'brindis al sol' del programa antiinmigración de Vox

La mayoría de las medidas que propone el partido ultraderechista en materia migratoria ya están funcionando, son imposibles de aplicar o son contrarias a la legislación nacional e internacional.

Público, JAIRO VARGAS, 05-12-2018

Combatir la inmigración irregular es ya uno de los más importantes caballos de batalla de la derecha española. Primero lo fue de la europea, con apabullantes resultados. Y, ahora, que nos creíamos inmunes el virus del ultraderechismo, Vox ha desembarcado en Andalucía, actualmente el principal puerto de entrada de la migración irregular a Europa. Combatir la supuesta lacra de la migración es una más de las múltiples formas de defender España que propone Vox en su ideario radicalmente identitario. Algo que ya se ha puesto en práctica en otros países europeos y Estados Unidos.

Más que las medidas en concreto, lo que preocupa a los expertos es que, como se ha demostrado, el triunfo de este discurso acaba contaminando las propuestas y argumentarios de los partidos supuestamente más moderados, como ya se ha podido ver en el líder del PP, Pablo Casado, en la campaña de las elecciones andaluzas.

La inmigración es un capítulo concreto con nueve puntos del programa electoral con el que VOX ha logrado 12 escaños en el Parlamento andaluz. Además incluye otras 11 medidas en el capítulo “Defensa, seguridad y fronteras”. ¿Qué proponen? ¿Es legal? ¿Cuáles de esas medidas ya se están aplicando? ¿Están justificadas o es sólo un discurso identitario cargado de prejuicios y medias verdades?

Para el investigador y experto en migraciones Gonzalo Fanjul, de la Fundación porCausa, el programa de Vox en materia migratoria “va desde el desconocimiento absoluto hasta las auténticas mamarrachadas”. El problema es que parece que gusta a, al menos, uno 400.000 andaluces que han decido votarle. “Creo el éxito se debe a una combinación de factores, desde el independentismo catalán al debilitamiento del PSOE y la izquierda en general; y el factor de la inmigración en Andalucía, atendiendo a los datos, establece una clara relación, aunque no una causalidad”, apunta. “Es una cuestión creada de forma artificial, no estaba en el debate público, no era una preocupación fundamental de los españoles, pero ahora entra en la agenda como un elefante en una cacharrería y llega para quedarse. Mi temor es que, en seis meses este batiburrillo de medidas se vaya diluyendo en dos cuestiones principales: la migratoria y la nacionalista, lo que les permitirá explotar un discurso de defensa de los trabajadores en clave nacional, identitaria frente al extranjero. Es una lógica que se retroalimenta perfectamente, como ya hemos visto en más países de Europa”, apunta Fanjul.

¿Cuántos migrantes hay en España?

La identificación de la inmigración —regular o irregular— como un problema no se justifica con las cifras, ni a nivel andaluz ni a nivel estatal. En España hay 46,6 millones de habitantes de los que sólo 4,57 son extranjeros, es decir, sólo el 9,8% de la población residente en España es extranjera, según los datos provisionales del INE para 2018. Un porcentaje aún menor si sólo se tienen en cuenta a las personas provenientes de fuera de la Unión Europea. En cualquier caso, hay casi tres puntos menos de población extranjera en España que antes de la crisis económica.

En el caso andaluz, las cifras son menores. De las 8.379.248 personas empadronadas en Andalucía, 618.791 son de nacionalidad extranjera, un 7,38%, según el último estudio del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Aunque es cierto que en provincias como Almería, con casi un 20% de población migrante, los resultados de Vox han sido mayores.

Deportar a los migrantes irregulares, misión imposible

Entre las medias antiinmigración del partido ultraderechista está la “deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen”, una medida que, en opinión del abogado especializado en Extranjería Eduardo Gómez Cuadrado, de Red Jurídica, es “un brindis al sol para su electorado”, al igual que la mayoría del programa en materia migratoria. Según este letrado, ya se están realizando expulsiones de migrantes o devoluciones en caliente en la frontera sur, pero sería imposible aplicarla a todas las personas que llegan al país por diferentes vías. Además, España carece de tratados bilaterales de devolución con gran parte de los países de origen de las personas migrantes, lo que dificultaría la medida. Por otra parte, no es posible identificar correctamente a muchas personas migrantes, por lo que se desconoce su país de procedencia y, por tanto, a dónde debería ser deportado.

Vox también propone deportar a “los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave”. Una medida que ya está contemplada en el artículo 89 del Código Penal: “Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español”. Sin embargo, explica Gómez Cuadrado, Vox querría ampliarlo a la comisión de varios delitos leves, una medida plausible pero que requeriría “decenas de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)” además de un amplio apoyo parlamentario.

Ligar delincuencia con inmigración es un tópico recurrente en los argumentarios de la extrema derecha, aunque los datos demuestran que no hay relación entre esas dos variables. Según la estadística de condenados en 2017 del INE, el 77,3% de los sentenciados tenía nacionalidad española y, entre los extranjeros, los países europeos comunitarios representaron el mayor porcentaje de condenados, con un 33% del total. Además, España registró un descenso general de la delincuencia durante los años de mayor llegada de migrantes por la bonanza económica, según datos Eurostat.

Eliminar el arraigo y prohibir de por vida la regularización

Otras de las ideas xenófobas de Vox es acabar con el “efecto llamada” prohibiendo de por vida la regularización a cualquier migrante que acceda irregularmente al país. “Para eso habría que hacer una enmienda a la totalidad de la Ley de Extranjería, además de modificar el Código Civil y diferentes tratados europeos”, apunta el letrado de la Red Jurídica.

Por otra parte, Vox plantea acabar con la figura del arraigo (actualmente son tres años de estancia continuada en España) como método para regularizar la situación, una propuesta que, según Gómez Cuadrado, podría realizarse si hay mayoría en Congreso y Senado, pero generaría “grandes bolsas de personas migrantes en situación irregular, condenadas a trabajos clandestinos”. “Sería un cerrojazo total a la principal vía de regularización que existe en España”, apunta el letrado.

Suprimir el espacio Schengen

Quizás la propuesta más disparatada sea la suspensión del espacio Schengen, es decir, la libre circulación de ciudadanos en Europa, uno de los pilares fundamentales en la construcción de la Unión Europea. La propuesta se extendería “hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia (como han hecho los golpistas separatistas) ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir personas”. “Simplemente es una medida que no depende de España. Se arrogan competencias que no pueden asumir”, resume Gómez Cuadrado.

Muro en Ceuta y Melilla

Como medida de fortalecimiento de las fronteras españolas, Vox quiere “levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla” además de reforzar con recursos y agentes esos entornos “junto con el amparo legal correspondiente”. Ya existen dos vallas, triples en algunos tramos, y con concertinas en otros en ambos perímetros fronterizos, además de una Ley de Seguridad Ciudadana que ha dado amparo legal a las devoluciones en caliente, condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017. Por otra parte, la impunidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en episodios violentos ha quedado acreditada con la tragedia del El Tarajal o la reciente condecoración al policía que se rompió una pierna al dar una patada a un migrante en la valla de Ceuta, recuerda Gonzalo Fanjul.

El chantaje de los fondos para el desarrollo

El investigador de porCausa recuerda que otra de las medidas del partido ultraderechista pasa por condicionar los fondos para el desarrollo a la colaboración de los países de origen y tránsito en la contención de los flujos migratorios y el retorno de migrantes. “Desde el norte de África hasta el Sahel, la UE ya está destinando gran parte de los fondos de cooperación para países en desarrollo en programas de control de fronteras y retorno de migrantes”, apunta. Una medida que, según el experto, convierte en una falacia el mantra de trabajar para resolver los problemas en los países de origen. “Esto no ayuda a mitigar las causas que provocan los movimiento de personas”, añade.

Eliminar las ayudas sociales a los migrantes

Las declaraciones de diferentes líderes de Vox siempre han incidido en la necesidad de excluir a las personas migrantes de las ayudas sociales del la Administración Pública. En su programa especifican continuamente que los beneficiarios de las prestaciones que proponen siempre serán ciudadanos españoles y, en numerosas intervenciones públicas hablan sin tapujos de acabar con las supuestas “paguitas” que reciben los migrantes. Sin embargo, la mayoría de prestaciones sociales que reciben los migrantes llegan, en todo caso, desde las comunidades autónomas, y no acaparan ni mucho menos la mayoría de las ayudas. Prestaciones a las que, en todo caso, pueden acceder por haber cotizado a la Seguridad Social. Un estudio de la Obra Social La Caixa, de 2011, año de máximos en cuanto a inmigración regular en España, con 5,7 millones de extranjeros en el país, concluía que las personas migrantes aportan más de lo que reciben por parte del Estado.

En cuanto a las ayudas públicas dependientes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social destinadas a personas migrantes (regulares o en situación irregular) están las subvenciones para el retorno voluntario de migrantes a sus países, el montante de las subvenciones de 2017, 2018 y parte de 2019 ascendió a casi cinco millones de euros, según ha detallado a Público el propio Ministerio. También existe un programa de atención humanitaria y atención en costas para migrantes llegados sobre todo en patera y gestionado por organizaciones no gubernamentales. En 2017, el presupuesto de este programa ascendió a unos 43 millones de euros, mientras que en 2018, tras una plan de choque para hacer frente al aumento de llegadas, se han destinado alrededor de 86 millones. La partida más abultada es la destinada a protección internacional de solicitantes de asilo y refugio. En 2017, los fondos destinados a este programa sumaban 264,5 millones de euros y para 2018, 268,7 millones, aunque se desconoce la cuantía realmente ejecutada. La inmensa mayoría del presupuesto de estos programas está financiado con fondos europeos, por lo que apenas supondría un gasto para las arcas públicas, como critica la extrema derecha. En total, entre 2017 y 2018, el Ministerio de Trabajo y Migraciones destinó 667 millones en estas ayudas, de las que se desconoce cuánto dinero se utilizó realmente.

Por contra, entre 2007 y 2017, España destinó como mínimo casi 900 millones de euros de diferentes fondos públicos para pagar contratas, servicios e infraestructuras para el control de fronteras, deportación de migrantes desde CIE y acuerdos con terceros países, según una investigación de la Fundación porCausa.

Cerrar mezquitas o atentar contra la libertad religiosa

El cierre de mezquitas “fundamentalistas” o la “prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo o cualquier interpretación fundamentalista del Islam” es una medida que, según Gómez Cuadrado, tiene un claro nombre: islamofobia. “Prohibir o cerrar mezquitas con un claro sesgo religioso ataca claramente al derecho de libertad religiosa. Es un derecho constitucional”, recuerda el letrado, que apunta a que, además, es una medida totalmente orientada “a identificar el Islam con el terrorismo”.

Vuelta a la exclusión sanitaria

Otra de las propuestas estrella del partido de Santiago Abascal es la supresión del acceso gratuito a la sanidad para migrantes en situación irregular, una medida que hace escasos meses fue revertida por el nuevo gobierno socialista tras la reforma del PP de 2012 que dejó a 800.000 migrantes sin tarjeta sanitaria. En esta ocasión, Vox propone una vuelta de tuerca al introducir el copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de diez años de permanencia en España.

La idea de que la población migrantes satura los servicios sanitarios y consume los recursos de la sanidad pública sin aportar al sistema está profundamente arraigada en el imaginario conservador español. Sin embargo, recuerda Amnistía Internacional, las personas inmigrantes contribuyen a financiar el sistema sanitario público, ya que se sufraga con impuestos como el IRPF, el IVA u otros especiales. “Incluso las personas en situación irregular están financiando la sanidad cuando pagan por productos o servicios en España”, recuerda la organización. Además, según AI, que cita las Encuestas Nacionales de Salud, “la población nativa tiene más problemas crónicos –lógico dada su mayor edad media– y, precisamente por ello, acude más a las consultas médicas de primaria y especializada”. Esto es debido a que la mayor parte de la población migrantes es joven y con buena salud, argumenta.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)