Tras la aprobación de la controvertida ley de seguridad de Matteo Salvini, promulgada hoy, Italia es un limbo para muchos inmigrantes que pese a contar con un permiso de residencia no pueden vivir en sus centros de acogida, arriesgándose a quedar en la calle.

Estas personas tienen un “permiso de residencia por motivos humanitarios”, una de las tres formas de protección internacional que podían reclamar los solicitantes de asilo que llegaban al país, junto a la protección subsidiaria y el estatus de refugiado.

Este tipo de protección ha sido la más frecuente en Italia en los últimos años: solo en 2017 se examinaron 91.102 solicitudes de asilo y el 21 % derivaron en permisos por motivos humanitarios (el 60 % del total fueron rechazadas), según el Ministerio del Interior.

El inmigrante al que se le aceptaba podía comenzar un proceso de integración en Italia y, además de trabajar, disfrutar de su sanidad y de su sistema escolar, acceder a sus centros de acogida públicos hasta organizarse una vida nueva y obtener la residencia italiana.

Sin embargo, todo esto ha cambiado ahora y dicha categoría de protección ha sido abolida y suplantada por “permisos especiales” más breves, mediante una polémica ley impulsada y celebrada por Salvini, ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga.

En virtud de la nueva legislación, quienes cuenten con el permiso de residencia no podrán vivir en dichos centros públicos, reservados a refugiados y menores no acompañados, y deberán buscarse la vida.

La medida se aprobó en el Parlamento con los votos de la coalición de Gobierno -el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la Liga, entre otros, y de nada sirvió el vehemente llamamiento de la izquierda, que alertó de que generaría inmigrantes desprotegidos, “invisibles”.

Un día después de la votación, la medida dio sus primeros frutos por orden de la delegación del Gobierno en Crotone (sur).

Un total de 24 inmigrantes regulares fueron expulsados por la noche del Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo más grande de Italia, el de Isola Capo Rizzuto, quedando a sus puertas con sus pocos enseres.

Se vieron de pronto “en la calle”, explica en una conversación telefónica con Efe Pino De Lucia, responsable de Inmigración de la cooperativa social Agorà Kroton, una de las organizaciones que acudieron a su auxilio, junto a Cáritas y la Cruz Roja.

Entre los inmigrantes expulsados había mujeres víctimas de trata de personas en África, una embarazada con un bebé de 6 meses y cuatro jóvenes, uno de ellos con problemas psiquiátricos, explicó a Efe el director de Cáritas de Crotone, Rino Le Pera.

El sacerdote, notablemente irritado, rememora el momento en que llegó con su propio coche a ayudar a estas personas, sobre todo a una familia compuesta por un padre de 24 años y una mujer de 19, embarazada y que cargaba a sus espaldas a su pequeña de medio año.

“El padre no quería abandonar el centro, me miró a los ojos y me preguntó: ‘¿Me asegura que mi hija tendrá un techo? Si me lo promete, iremos con usted’. Fue impactante”, recuerda Le Pera, para después indicar que la familia será acogida en el municipio de Caccuri.

El caso de Crotone, donde según De Lucia se esperan nuevas expulsiones, no ha sido el único, sino que se ha repetido en otros puntos, como Potenza (sur), y solo en Milán (norte) Cáritas advierte de que unos 500 inmigrantes podrían acabar como “sintecho”.

El Consejo Italiano para los Refugiados señala que “no hay una estadística” sobre las personas bajo protección que viven en los centros de acogida, pues encuentran casa y salen de ellos.

Esta asociación independiente cree que la ley “creará mendigos” al impedir que muchas personas puedan encontrar cobijo en los centros para solicitantes de asilo, y también generará inmigrantes irregulares una vez que caduquen los permisos vigentes y ahora abolidos.

Uno de los inmigrantes obligados a abandonar el centro de Crotone es el maliense Wily Kante, un joven de 19 años de la ciudad de Mopti que llegó en 2016 a Italia huyendo de la violencia en su país y que cuenta con un permiso de residencia hasta 2023, asegura.

“Cuando me expulsaron del centro fue confuso, porque no sabía adónde ir ni qué hacer. Estaba preocupado porque no conocía a nadie que me pudiera ayudar”, relata a Efe por teléfono, valiéndose de un intérprete, pues aún no habla italiano.

El muchacho ha sido acogido por la cooperativa Agorà y afirma estar “más tranquilo” pero, por otro lado, no prevé un futuro muy halagüeño: “Si encuentro un trabajo, me quedaré aquí, si no, y si la situación sigue así, me iré a otro país”, adelanta.