El anteproyecto de ley redactado por la Conselleria d’Interior para regular el ejercicio de la prostitución tiene por objetivo garantizar la libertad y la seguridad de quienes se dedican a esta actividad. Todas las limitaciones contenidas en el texto pretenden evitar la prostitución a gran escala, dificultar la presencia de mafias y proxenetas e impedir que las ciudades den cobijo a situaciones degradantes. La posibilidad de que las mujeres gestionen directamente, mediante cooperativas, las casas donde trabajan, es la medida más innovadora.
Si bien estos objetivos son los que cabe esperar de la Administración para proteger los derechos de un grupo de ciudadanos – – pese a que algunos colectivos feministas se opongan al anteproyecto – – , es más dudoso que entre las atribuciones de la conselleria figure la de elevar a 21 años la edad mínima para ejercer la prostitución. Aunque eso intente contener la inmigración imparable de jóvenes menores de esa edad que se instalan aquí con el único horizonte de convertirse en trabajadoras del sexo, lo cierto es que la Constitución establece la mayoría de edad a los 18 años. No hay que abandonar a las prostitutas a su suerte, pero tampoco practicar un particular paternalismo.