Existe división de opiniones en EE. UU. sobre si la reciente campaña de movilizaciones de los inmigrantes, en demanda de una generosa reforma que regularice a los 12 millones de indocumentados, será un acicate para la acción o un bumerán político. Quienes han apoyado las manifestaciones y el boicot laboral y comercial del pasado 1 de mayo confían en que el Congreso habrá tomado nota y será sensible a la presión de la calle. Pero los primeros indicios no están claros. Los comentaristas que agitan el debate antiinmigración, como Lou Dobbs en su programa diario en la cadena CNN, se sienten envalentonados y con más argumentos aún para ser duros con los ´sin papeles´. Consideran un desafío que quienes han violado la ley se atrevan a exigir derechos de manera tan abierta y con el ´chantaje´ de una huelga de trabajo y consumo. En el Congreso, los síntomas indican que el consenso es aún muy difícil para aprobar una ley antes de las elecciones legislativas de noviembre. Los políticos en estados con fortísima inmigración, como Arizona, Texas o California, deben sopesar dos factores opuestos: el voto de los hispanos y el de la población más reacia a aceptar nuevos inmigrantes. Entre esta última no sólo hay blancos de clases bajas, sino también afroamericanos y una minoría de latinos muy instalados que se sienten amenazados por los recién llegados. Aún ha agrandado más la polémica la grabación del himno nacional en español, una iniciativa criticada por el presidente Bush. Diversidad, sí, pero no hasta este extremo, fue su mensaje
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