El Reino Unido, uno de los países europeos que más talento español ha absorbido en los últimos años, estudia imponer barreras a la inmigración tras el Brexit que pueden cerrar la puerta a jóvenes investigadores, técnicos de laboratorio y otros perfiles científicos.

El gobierno británico está ultimando una propuesta de ley con las nuevas normas de inmigración que se aplicarán a los extranjeros que lleguen al país una vez haya roto por completo sus vínculos con la Unión Europea. Aunque aún no se conocen los detalles de esa legislación, que se espera que esté lista antes de fin de año, el gobierno ya ha avanzado que los ciudadanos de la UE pueden dejar de recibir un trato favorable respecto al resto de extranjeros. Entre las posibles medidas que ha mencionado el ministro de Interior, Sajid Javid, se encuentra la necesidad de acreditar un salario mínimo para recibir un permiso de trabajo cualificado.

Esa restricción puede resultar insalvable para algunos perfiles, como investigadores recién graduados y técnicos de laboratorio, según ha advertido la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (Ceru), que representa a casi 700 de los cerca de 5.000 investigadores españoles en este país.

En la actualidad, la mayor parte de los científicos, ingenieros y otros profesionales de alta cualificación de países externos a la UE deben demostrar una retribución superior a 30.000 libras anuales o unos 33.800 euros, y esperar meses hasta que consiguen uno de los muy codiciados visados para trabajadores cualificados.

“Nos preocupa que estas propuestas no tienen en cuenta muchos aspectos de cómo funciona la investigación. Intentan equiparar salario con cualificación y no siempre es una relación tan directa”, dice Javier Escudero, ingeniero en la Universidad de Edimburgo y presidente de la CERU.

“Muchos gestores de convocatorias y fondos de investigación, técnicos de laboratorio y postdocs son trabajadores que tienen tesis doctoral, es decir, el grado más alto de cualificación posible, pero no tienen unos salarios de entrada mayores de 30.000 libras”, sostiene.

Aunque no se conoce cuál sería el mínimo aplicado a ciudadanos comunitarios, cualquier posible traba preocupa las propias universidades británicas, que emplean a miles de investigadores de postgrado y técnicos comunitarios con salarios inferiores.

“La capacidad de contratar personal internacional con una variedad de habilidades y con mínimas barreras es vital para el éxito de nuestras universidades,” dice Alistair Jarvis, director ejecutivo de la asociación de rectores Universities UK. “Esperamos que el gobierno británico desarrolle cuanto antes un sistema de inmigración que fomente que el talento universitario internacional elija el Reino Unido. Si no, nos arriesgamos a que se vayan a otros países.”

Laura Martínez, investigadora postdoctoral en el Instituto de Fotónica de la Universidad de Manchester, llegó al Reino Unido en 2015 con un contrato de postgrado para trabajar en la Universidad de Oxford durante tres años. “Mucha gente después de un doctorado está optando a puestos de técnico, gestor de proyectos o divulgador científico, para los que el salario está un poco por debajo de 30,000 libras y para los que la introducción de este mínimo sería un problema.”

Investigadores como Martínez, cuya pareja busca trabajo como técnico de laboratorio, podrían sentirse más inclinados a elegir otro país como Alemania, en lugar del Reino Unido. “Para hacer un doctorado a lo mejor te vienes tú solo, pero para hacer un postgrado, cuando ya eres más mayor, es más frecuente venir con parejas o incluso familias”, dice.

El salario medio del personal administrativo en los consejos de investigación británicos que financian la I+D ronda las 28,000 libras, dice Rocío Gaudioso, licenciada en biotecnología por la Universidad de León, trabaja como técnico de estrategia en el BBSRC, la agencia pública que financia investigación en las ciencias biológicas. “Hay gente que no podría venir”, dice.

Desde la Ceru, Escudero también alerta de los posibles retrasos en la incorporación de investigadores comunitarios a proyectos de I+D en el Reino Unido si se necesitasen visados de trabajo. “Incluir a los ciudadanos europeos en el mismo sistema migratorio que los no comunitarios supone una carga de trabajo adicional para el gobierno muy considerable, y nos preguntamos si tendrán los recursos para tramitar las solicitudes de una manera diligente y expeditiva. Puede haber retrasos en la incorporación de personal”, advierte.

Por el momento, el gobierno británico ha prometido que los ciudadanos europeos que se encuentren en el país antes que termine la fase de transición del Brexit—previsiblemente en diciembre de 2020—mantendrán su derecho a trabajar y acceder a los servicios públicos.

Para ello, deberán registrarse en una aplicación del Ministerio del Interior todavía en fase de pruebas y cuyo desarrollo acumula meses de retraso. La segunda fase del proyecto piloto, que se abrió el 1 de noviembre y se espera que finalice el 21 de diciembre, permite que se den de alta exclusivamente los ciudadanos europeos contratados por universidades británicas y el sistema público de salud, o que tienen alguna discapacidad.

Los rectores han recibido esa decisión con alivio. “Hay casi 50,000 ciudadanos europeos trabajando en las universidades británicas y su contribución es vital para nuestros campuses y comunidades,” dice Jarvis.

Según un portavoz del gobierno británico, el Reino Unido valora la contribución de los investigadores internacionales y esto “no cambiará después del Brexit”.