La diputada de la CUP en el Parlament, Natàlia Sànchez, ha llamado este martes a desobedecer la Ley de extranjería, y ha calificado de “racista” al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el jueves no descartó la repatriación de menores extranjeros no acompañados (Mena) en un desayuno informativo de Europa Press.

En rueda de prensa frente a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), la diputada de la CUP ha llamado a “tejer todas las alianzas posibles desde los municipios y las instituciones para desobedecer esta ley racista”, en referencia a la ley de extranjería, que también ha pedido que sea derogada.

Ha señalado que la acogida de los Mena es una problemática estructural de racismo institucionalizado, y ha apuntado que la política del ministro Marlaska consiste “en quitarse de encima el problema como si estuviera hablando de meros objetos y no de personas”.

Coincidiendo con el Día Universal de los derechos de la infancia, Sànchez ha exigido a la Generalitat que “acompañe y adapte los recursos”, y ha acusado a la Dgaia de querer que los menores cumplan cuanto antes los 18 años para no responsabilizarse de ellos.

Ha criticado que esos Mena, cuando dejan de estar protegidos “se ven en situaciones de no tener garantizado un techo”, y ha pedido responsabilidad a la Conselleria de Servicios Sociales, a la que el miembro del grupo de trabajo de Migraciones de la CUP Abdessadek El Atiki también le ha exigido que se coordine con la Conselleria de Enseñanza.

PRIVATIZACIÓN DE LA ACOGIDA

Sànchez también ha pedido que se “revierta la política de privatización y precarización de la atención a la infancia, que permite que grandes lobbies corporativos se ocupen” del servicio de acogida de menores, que ha reiterado que debe de ser público y más garantista.

En la rueda de prensa también ha intervenido la exdiputada y miembro del secretariat de la CUP Mireia Vehí, que ha afirmado que en el caso de los Mena “deben prevalecer sus derechos como menores y no tanto su razón de origen o situación administrativa”.

Vehí ha indicado que las políticas públicas “no deben perseguirlos o criminalizarlos” y ha criticado que la Dgaia no siga una lógica educativa y de acompañamiento, sino de mera gestión.