. – Policía y Guardia Civil sienten impotencia a la hora de investigar las redes de explotación de mujeres que inundan España. Tanto es así que se da la paradoja de que un asunto relativo al crimen organizado se aborda con frecuencia por la vía de la inspección laboral. Proxenetas profesionales controlan a muchas de las decenas de miles de mujeres que se supone ejercen la prostitución en nuestro país y que generan un negocio cifrado en 50 millones de euros diarios.
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Pero nadie ha sabido decir cuál es el porcentaje de mujeres que la practican libremente y cuántas son las forzadas. Las denuncias procedentes de prostitutas corresponden únicamente al 1% de los casos, pero ese dato no sirve de indicativo para conocer el alcance de la esclavitud sexual en España. Sin embargo, hay una circunstancia que apunta hacia la peor de las hipótesis: según las pocas chicas que se han atrevido a denunciar, los proxenetas ganan más dinero con las secuestradas que con las libres. “Con las voluntarias tienen que repartir dinero, mientras que con las esclavizadas no”, resumió para La Vanguardia una denunciante, secuestrada y vendida por una red del Este europeo.
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Durante el 2005 la policía española liberó de estas redes a 1.249 chicas extranjeras, la mayoría de ellas rumanas. La cifra se incrementará este año en la misma medida que crece el lucrativo negocio de la trata de blancas. Pero aunque en un primer momento los responsables policiales hablan de libertad,a poco que profundizan reconocen que la expresión “liberación” obedece más a un deseo que una realidad. “Si hiciéramos un estudio sobre cómo acaba la mayoría de las redadas, veríamos que muchas se diluyen en los juzgados. Las chicas, aterrorizadas, cambian sus declaraciones, los proxenetas lo niegan todo, y con la ayuda de sus abogados y la cobertura legal de sus negocios la redada acaba con la expulsión de unas chicas que quedan a merced de las mismas redes que las compraron”, explica el jefe de la lucha contra el crimen organizado de la Guardia Civil en Catalunya.
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También los mandos policiales admiten que el asunto ha tomado tal cariz que, salvo casos excepcionales, las operaciones terminan con la expulsión de chicas en virtud de la ley de Extranjería y con una multa por asuntos laborales: calderilla para los explotadores. Las redadas, incluso en esos grandes hoteles cuya actividad como supermercados del sexo es de dominio público, terminan con expulsiones de indocumentadas que aparecen únicamente como clientes del local y sin que se llegue a saber cuál estaba allí obligada y cuál por su voluntad. En definitiva, los agentes admiten estar al corriente de chicas expulsadas que son vendidas en otro país mientras el explotador local compra nuevas esclavas. “No hay que olvidar que en este negocio la renovación de mujeres forma parte de su propia naturaleza”, recuerda un responsable de una unidad de policía judicial de la Guardia Civil.
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José María Hidalgo, comisario jefe de la Unidad Territorial de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, explicó a La Vanguardia la situación con la que se suele encontrar: “Salvo excepciones, las mujeres que detenemos niegan que exista una red que las retenga contra su voluntad, y esto nos desarma, ya que si una es mayor de edad, es obvio que puede practicar el sexo con quien quiera. Lo cierto es que las chicas no denuncian a sus explotadores aunque les ofrezcamos protección. Sin denuncia, poca cosa podemos hacer. Entonces nos queda la carta del trabajo ilegal, y por eso cada vez que actuamos nos hacemos acompañar por un inspector de Trabajo, que muchas veces es quien más puede actuar contra los explotadores. Generalmente, mujeres y dueños niegan tener relación laboral. Ellas sostienen que son clientas, que han acudido a tomar una copa y que si les sale un plan son muy dueñas de alquilar una habitación y acostarse con quien les plazca. Y ellos aducen lo mismo, es decir, que no conocen a las chicas. Pero hay ocasiones en las que encontramos datos que demuestran que existe una relación laboral ilícita entre ambos, y entonces entran en acción los derechos de los trabajadores. La policía no puede actuar con el corazón, sino con la razón, y por mucho que sospechemos lo que sospechamos, tenemos que atenernos a la ley”.
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Para la Policía, las detenciones que practican resultan un barómetro que indica la procedencia de las chicas, y estos últimos años están dando como resultado una mayoría de rumanas. Por ejemplo, en lo que va del 2006 han detenido en locales de Barcelona, Girona y Tarragona a 116 rumanas, 47 brasileñas, 14 nigerianas, ocho colombianas, seis dominicanas, seis venezolanas, cuatro rusas y varias de otras nacionalidades.
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Los responsables de la seguridad del Estado reiteran las grandes dificultades que tienen para investigar debido a la falta de colaboración de las víctimas, la carencia de herramientas legales efectivas y la escasa comprensión del fenómeno por una parte del aparato judicial.
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Un ejemplo de ello lo constituyen las chicas que pueden verse solitarias a lo largo de las carreteras españolas. Los agentes han comprobado que estas mujeres – en el caso de Catalunya, mayoritariamente rusas – son depositadas, una a una, por unos hombres que las llevan hasta su puesto de trabajo en furgoneta. Luego, durante la jornada,un controlador pasea en coche contando el número de servicios que hacen y vigilando que no escapen. Terminado el día, los de la furgoneta las recogen, y ellas entregan la recaudación a sus protectores.Luego las llevan a un chalet o una casa donde viven juntas bajo vigilancia. Cada vez que los agentes abordan a las chicas fingiendo ser clientes, la respuesta que reciben es que están allí porque quieren, que nadie las explota, que están de paso (llevan visado de turista válido para tres meses) y que no están trabajando. Cuando les preguntan de qué viven, responden: “De la ayuda que me dan mis amigos”. Pero hay más. Durante las campañas emprendidas para tratar de pillar en falso a los proxenetas, los agentes paran sistemáticamente a las mencionadas furgonetas y comprueban la documentación. Siempre está en regla. Y, cuando han preguntado a sus ocupantes, todos ellos se han limitado a indicar que son un grupo de amigos. De nada ha servido ofrecer protección a las chicas.
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Como señalan estas mujeres, hay muchos tipos de trabajadoras del sexo, pero de entrada existe una subdivisión evidente: españolas y extranjeras. Las españolas suelen trabajar por voluntad propia y raramente están en manos de redes de tipo mafioso. Pueden encontrarse en bares de alterne y clubs de carretera, pero lo más normal es que ejerzan en pisos. Sin embargo, no hay que olvidar que muchas sufren malos tratos de sus hombres o que otras ejercen el oficio después de haber caído en el mundo de la droga.
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El caso de las extranjeras puede fraccionarse en otros dos subgrupos: las voluntarias y las secuestradas. Las secuestradas son las esclavas del siglo XXI y cuando trabajan conviven con las otras, de forma que es muy difícil distinguir cuál es una y cuál es otra.
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La captación de las esclavizadas se suele producir en países como Rumanía, Moldavia, Eslovenia, Rusia o Ecuador, por citar uno del otro lado del Atlántico, en cuya prensa los traficantes insertan anuncios ofreciendo trabajos en el exterior. Las chicas acuden atraídas. Hay que comprender la idiosincrasia de esos países para entender que no sospechen el engaño. En esos lugares, conseguir un visado es muy difícil, al tiempo que impera la creencia de que sus instituciones son corruptas. Por eso, los herederos de la Unión Soviética confían en grupos clandestinos que ayudan a salir del país y les entregan el pasaporte para que les pongan un visado por el que pagan 3.000 euros. A estos reclamos se presentan todo tipo de personas, que encuentran en ellos la única forma de entrar en el espacio europeo.
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Es decir, visto desde su óptica, es fácil caer en la trampa. Entonces, la joven guapa y confiada aceptará salir de su país clandestinamente y será secuestrada. A partír de ahí, la amenazarán con mutilarla y matar a su familia, la violarán para someterla, la vejarán, le pegarán, la encerrarán un tiempo para amedrentarla aún más, la proveerán de un pasaporte falso, la traerán a España por carretera en estado de shock y la depositarán, una vez vendida por unos 6.000 euros de promedio, en cualquier club de carretera que ella será incapaz de situar en el mapa. Nunca se atreverá a denunciar, y si es detenida, la expulsarán.
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