Ha sido un descenso paulatino desde que se anunció el final de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) hace dos años. El presupuesto en materia de política social de 2019 apenas reserva 10.000 euros para esta prestación, creada en la anterior legislatura a cargo de Bildu y que el actual gobierno PNV-PSE decidió eliminar al entender que tenía un efecto llamada y que no cumplía con el objetivo de la integración social. Sus beneficiarios, en su mayoría inmigrantes, podían acceder a ella si cumplían un año de empadronamiento, lo que les daba derecho a contar con una prestación económica, de entorno a 700 euros al mes por persona, hasta poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que depende del Gobierno Vasco y para la que se piden requisitos más exigentes tres años de empadronamiento.

El gasto en esta ayuda, que en 2018 ha supuesto 1,4 millones de euros, no se queda a cero, aunque las últimas familias beneficiarias dejarán de cobrarla en teoría a finales de diciembre. En julio de 2016 se cerró la persiana para nuevas solicitudes, aunque se permitió que las familias con hijos menores a su cargo pudieran seguir accediendo al sistema seis meses más, hasta diciembre de ese año. Dos años después, estos beneficiarios ya habrán completado sus tres años de empadronamiento en Euskadi y por lo tanto deberán tocar a la puerta de Lanbide para acceder a la RGI si no tienen recursos económicos suficientes.

Financiación compartida
Otro de los gastos que se reducen es el dedicado al servicio de ayuda a domicilio, el SAD. Tampoco supone ninguna sorpresa, puesto que la reducción de la inversión foral está contemplada en el acuerdo de financiación pactado con los ayuntamientos. La Diputación venía financiando históricamente este servicio que en teoría compete en exclusiva a los ayuntamientos, según se recoge en la Ley vasca de Servicios Sociales, que regula quién y qué servicios debe financiar.

El Departamento de Políticas Sociales acordó con los municipios cofinanciar el servicio y ha ido reduciendo su aportación de forma progresiva, según las cifras pactadas. En 2019 esa inyección se quedará en 8,2 millones de euros, una cifra que se mantendrá en los próximos ejercicios. Los ayuntamientos que quieran recibir el 100% de financiación foral deben cumplir una serie de requisitos para mejorar el servicio y revitalizar la demanda: reducir el precio que costean los usuarios, ofertar el servicio en fines de semana, o reducir los tiempos de tramitación.