PROGRAMA DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
“Cuando abrí la puerta me pusieron un arma en la cabeza”
La hondureña Nohemí y la colombiana Danelly vivirán seis meses en Euskadi como parte del Programa de Personas Defensoras de Derechos Humanos

MARTA MARTÍNEZ – Domingo, 21 de Octubre de 2018 – Actualizado a las 06:00h

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Danelly y Nohemí estarán seis meses en Euskadi antes de regresar a sus respectivos países, Colombia y Honduras. Fotos: Oskar M. Bernal
Danelly y Nohemí estarán seis meses en Euskadi antes de regresar a sus respectivos países, Colombia y Honduras. Fotos: Oskar M. Bernal

Danelly y Nohemí estarán seis meses en Euskadi antes de regresar a sus respectivos países, Colombia y Honduras. Fotos: Oskar M. Bernal
“Los rostros de la violencia no son los paramilitares o los guerrilleros, es el estado empresarial” “He pensado en abandonar, pero no;creo que la lucha hay que librarla en el país a como dé lugar”

BILBAO- El hermano de Nohemí Esther Pérez Borjas desapareció en la década de los 80, una época marcada a sangre y fuego en Honduras, cuando cientos de opositores fueron secuestrados, torturados y asesinados por los escuadrones de la muerte. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. “Samuel era un joven estudiante a punto de terminar el Bachillerato y viajó a Cuba a una formación en derechos humanos. En aquellos años, a las personas que viajaban a Cuba, Nicaragua o la Unión Soviética se las tildaba de comunistas, de guerrilleros. Mi hermano venía con otros cuatro jóvenes cuando fue capturado”, explica Nohemí, una de las fundadoras del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

La desaparición de su hermano rompió la familia y cambió su vida para siempre. Desde entonces, Nohemí ha sufrido amenazas, persecución, agresiones y vigilancia. Su vida corre peligro en su país y es por eso que está ahora en Euskadi, como parte del Programa de Acogida Temporal para defensoras y defensores de derechos humanos del Gobierno Vasco, gestionado por CEAR Euskadi. “Una vez llamaron a la oficina y cuando abrí la puerta pusieron un arma en mi cabeza. Me dijeron: Dejen de estar jodiendo, si no quieren que les pase lo mismo que a sus familiares”, narra.

Nohemí apenas tenía 14 años cuando Samuel desapareció y decidió organizarse para buscar verdad y justicia. “No es fácil, porque todo este tiempo hemos visto lágrimas, hemos visto la muerte de familiares por pena moral de no saber qué ha pasado con sus seres queridos”. El Cofadeh tiene en sus listas 184 desaparecidos, oficiales, “aunque como organización creemos que hay más”. Durante estos años de lucha, han logrado once sentencias a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son impulsoras de la ruta de la memoria histórica y han llevado a cabo 16 procesos de exhumación, con el resultado de once identificaciones. “Ha sido un logro como organización, nuestro objetivo es ir más allá, que también se condene a las personas responsables, que el Estado reconozca que ha habido violaciones de derechos humanos”.

Reconoce que ha pensado en abandonar, “pero no”. “Creo que la lucha hay que librarla en el país a como dé lugar”. Y las cosas no están fáciles. Desde el golpe de estado de 2009, la represión se ha recrudecido en el país. “El golpe de estado fue un rompimiento del orden constitucional nunca visto en la historia, con una policía empoderada, asesinando, criminalizando, golpeando a la ciudadanía por defender sus derechos”, denuncia Nohemí. Durante una visita al país centroamericano, el relator de la ONU para los derechos humanos, Michel Forst, denunció que los defensores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo “sin precedentes” en el país y desveló que un total de 97 han sido asesinados en los últimos tiempos. Entre ellos se encuentra la ambientalista Berta Cáceres, un asesinato que conmocionó a la comunidad internacional en 2016.

COMUNIDADES NEGRASNohemí llegó a Bilbao el pasado mes de julio y estará hasta diciembre. Comparte este tiempo de paz y de descanso con Danelly Estupiñan, integrante desde hace 18 años del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN), una organización que “ha aportado significativamente a la reivindicación y al reconocimiento de los derechos que la comunidad negra ha ido adquiriendo”. Uno de sus principales frutos fue la aprobación de la Ley 70 de comunidades negras de Colombia. “Hemos querido estar siempre reconocidos por parte del Estado y pensábamos que si había un reconocimiento legal podríamos tener cierta equidad que nos permitiera vivir como ciudadanos de primera clase. Pero resulta que tenemos la Ley 70, pero ahora nos damos cuenta de que queda todo por hacer. Nuestro reto es que esos derechos que ya adquirimos sean concretados y protegidos por el mismo Estado”, expone Danelly, quien lamenta que “a día de hoy, seguimos siendo ciudadanos de segunda”.

“La intensa violencia que vive Colombia desde hace cincuenta años, para nadie es un secreto que donde se vive con más intensidad es en las comunidades periféricas, entre ellas las zonas rurales que son pobladas, mayoritariamente, por poblaciones indígenas y negras. No siguen viendo como el territorio que hay que invadir, que hay que colonizar, y a través de eso se crean dinámicas de despojo sistemáticas que es lo que se está dando hoy en día en nuestros territorios”, explica la defensora de derechos humanos.

“Las dinámicas violentas hacen un trabajo muy importante que es matarnos, desplazarnos de nuestros territorios, despojarnos para que detrás venga la plataforma económica a ocupar esos mismos territorios y explotarlos para un sustento que ni siquiera es para la nación, porque se hace en el marco de tratados de libre comercio, de la economía abierta”, continúa Danelly.

La situación se ha recrudecido desde la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia;de hecho, desde 2016, más de 400 líderes sociales han sido asesinados. Ella comenzó a recibir amenazas hace tres años, cuando el PCN decidió hacer visibles las violaciones de derechos humanos en áreas urbanas, entre ellas las ciudades portuarias de Buenaventura y Tumaco, estratégicas por su ubicación en el Pacífico. “Buenaventura es una de las ciudades más violentas de Colombia y no es por casualidad”, anuncia. Socióloga de formación, Danelly se puso al frente de tres investigaciones cuyos resultados generaron un gran impacto.

“La actividad portuaria de la ciudad era vendida como la oportunidad de Buenaventura para salir de la pobreza, pero nosotros comenzamos a confrontar ese discurso y a decir que esa actividad estaba trayendo más pobreza y miseria, desaparición forzada y muerte. Las investigaciones cambiaron el foco de análisis y señalaron que no somos víctimas del conflicto armado, sino que somos víctimas del desarrollo;no nos matan por matarnos, nos matan porque necesitan el territorio que nosotros ocupamos”, analiza. Danelly es contundente: “Los rostros de la violencia no son los paramilitares, no son los guerrilleros, aquí el verdadero rostro de la violencia es el estado empresarial”.

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