La llegada de menores inmigrantes no acompañados a la región, que según la Comunidad se ha multiplicado exponencialmente a raíz de la llegada del Aquarius al puerto de Valencia el pasado mes de junio, ha desencadenado un choque importante entre el Gobierno regional y el Central. El motivo es el reparto de los 40 millones de euros que el Ministerio de Sanidad tiene para ayudas a las comunidades donde más se han incrementado estas llegadas. Según Sanidad, a Madrid no le corresponde ni un euro porque no se ha incrementado en nada. Según la Comunidad, que se apoya en datos de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, son 846 los menores atendidos desde principios de año, el doble que el año anterior.

El PP registró ayer en la Asamblea una proposición no de ley instando al Gobierno Central a que les aporte una cantidad, de esos 40 millones anunciados, acorde con los menores atendidos. El Ministerio de Sanidad ha convocado para hoy a los responsables regionales para abordar este asunto, 48 horas después de asignares cero euros.

Paradójicamente, hace sólo unas semanas, el PSOE en la Asamblea denunciaba ante la Fiscalía el hacinamiento que se registraba en el centro de acogida de Hortaleza, donde los menores duermen incluso en colchonetas sobre el suelo. No obstante, a la hora del reparto de fondos del Estado para hacerse cargo de ellos, Sanidad dice que en lo que va de 2018 Madrid no ha registrado aumento en la llegada de menores extranjeros solos a la región. «Es un agravio y una injusticia», asegura la consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno.

La consejera cree que se ha producido un «efecto llamada» desde que Pedro Sánchez se ofreció a recoger en el puerto de Valencia al buque Aquarius. Según sus datos, suman ya 846 los menores acogidos o tutelados en Madrid –«el registro es nacional, y lo alimenta la Policía», dijo Moreno–, muchos de los cuales además han llegado a Madrid «sin ningún tipo de derivación oficial», es decir, sin que al parecer ninguna autoridad haya detectado su presencia desde que hayan entrado en la Península hasta que han llegado a Madrid.

Entregar los datos

Desde el PSOE en la Asamblea, la diputada Pilar Sánchez Acera instaba a la consejera de Políticas Sociales a «que entregue los datos al Ministerio», que «es lo que tiene que hacer». Apuntaba que «ninguna otra comunidad ha tenido problemas, sólo Madrid», por lo que recomendaba al Gobierno regional «más trabajo, más prudencia y más seriedad». Le recordaba además que la atención a estos menores inmigrantes «es competencia regional», y que Madrid «nunca ha reconocido este problema hasta que no le ha estallado».

Insistió en que «tienen que trasladar los datos que le pide el Ministerio para poder acceder en igualdad de condiciones que otras comunidades autónomas a esos fondos extraordinarios que pone el Ministerio».

Pero los argumentos de los socialistas en esta ocasión no convencen ni a Podemos: la diputada regional de esta formación Isabel Serra registraba en la tarde de ayer una proposición no de ley para promover medidas de urgencia de atención a estos menores. Y, de paso, solicitaba al presidente Pedro Sánchez que «deje de hacer electoralismo, rechazando que Madrid reciba algo de esos 40 millones de euros de ayuda extraordinaria». Aunque insiste en que «la responsabilidad de la atención de los menores es de la Comunidad de Madrid», Serra cree que «una parte de la partida estatal debería ir para la región». Por eso, ha pedido menos demagogia y «más atención a la infancia».