El Defensor del Pueblo ha propuesto en el Congreso la creación de una estructura de empleados públicos especializados para llevar «el grueso» de las tareas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) porque, a su juicio, «los policías no son los funcionarios adecuados para desarrollar» ciertas tareas, como la vigilancia en los comedores o en las habitaciones.

«Se podría pensar la posibilidad de una estructura de empleados públicos más especializada, como existe en los Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en los que existen empleados dependientes del Ministerio de Trabajo que tienen asignada sus tareas y comparten espacio con la Policía que tiene adscritas otras funciones», dijo.

Fernández Marugán hizo estas consideraciones ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo donde el miércoles se presentó el Informe Anual correspondiente a 2017, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Este documento, que ya se había hecho público el pasado julio, analiza la situación de los centros de privación de libertad en España, tanto de corta, como de media y larga duración.

Sobre los CIE, el Defensor ha analizado la «pertinencia» del internamiento de los extranjeros y ha denunciado que, en ocasiones, se usan para «aliviar los problemas que ocurren en los puntos de frontera». «Y no están para eso», ha indicado. En este sentido, ha propuesto la creación de «algún mecanismo» que estudie la situación de los migrantes en estos centros, de manera que sólo se lleve a los CIE a las personas «cuando su posibilidad de expulsión sean reales y ciertas».

Una de las preocupaciones que ha mostrado Fernández Marugán, en este sentido, es que hay tres momentos en la llegada de inmigrantes, la patera, la detención y la entrada en el CIE, que no ha cambiado desde la llegada de los primeros inmigrantes «hace 30 años» y, por lo tanto, las políticas y situaciones en esta materia «chirrían un poco».