«Evidentemente todo controlado». Es el comentario que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hizo ayer tras ser preguntado por el rescate entre el sábado y el lunes de 2.000 inmigrantes que intentaban entrar de forma ilegal a España, oleada a la que se refirió como «un empuje de los flujos migratorios un poquito más importante». Lo hizo en declaraciones a Efe en Lyon, donde asistió a la reunión de los titulares de Interior de los seis mayores países de la Unión Europea, –el llamado G6–, a los que, ya a puerta cerrada, pidió ayuda para «los países del Norte de África» dirigida a cooperar en el control de las salidas de pateras desde sus litorales.

En el encuentro, –informal y llamado a engrasar consensos para el Consejo de Asuntos de Interior que se celebra el viernes en Luxemburgo–, estuvieron representados el Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Francia y como invitados, EE.UU. y Marruecos. Las autoridades de este último país han dicho esta semana que les cuesta 200 millones de euros al año vigilar las fronteras para impedir que de ellas partan las pateras y que a estas alturas están «superados». La UE comprometió en agosto una dotación de 30 millones para los aliados alauíes que parece que no llegan, de ahí que Marlaska volviera a subrayar ayer a sus colegas que Marruecos está sufriendo una presión migratoria «cada vez más difícil de gestionar», según informó su Ministerio vía comunicado.

Aunque conscientes de que el contexto y las prestaciones son otras, Rabat no pierde de vista la multimillonaria compensación que Turquía recibe por ejercer de «frontera externa» de la UE.

El equilibrio es muy delicado –varias ONGs interpretan ya la avalancha de inmigrantes en el Mediterráneo como muestra de la impaciencia marroquí– y hay en juego algo más que dinero. Por ejemplo, qué hacer con los menores marroquíes no acompañados que llegan cada vez en mayor número y que España no puede devolver, aunque al ser preguntado ayer por este aspecto concreto el ministro del Interior alauí, Abdelouafi Laftit, respondió con un esperanzador «está en proceso de solución».

De repatriar inmigrantes a sus países se va a hablar mucho en la ya mencionada cita del viernes, cuando los 28 debatan la Directiva al respecto propuesta por la Comisión Europea una vez que esas expulsiones se han convertido para algunos estados del norte de la Unión en una especie de fórmula mágica para acabar con la inmigración clandestina. La posición de España es distinta y defiende cooperar con los países de origen para evitar éxodos.