Una década después de la crisis de los cayucos en España (2006) y de las primeras oleadas migratorias hacia Italia, la Unión Europea (UE) sigue escasamente solidaria con los países más afectados por las llegadas y se muestra incapaz de consensuar una política común realista de gestión de la inmigración y el asilo, como ha evidenciado la cumbre europea de Salzburgo esta semana.

Las llegadas de inmigrantes y refugiados a la UE a través del Mediterráneo han caído drásticamente este año en comparación con el conjunto del 2017 (82.138 frente a 172.301) y la crisis del 2015 (más de un millón), indica el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Pero han aumentado para España (38.911), volviendo al récord de la crisis del 2006. Pese a esa caída de las llegadas, la división de los estados europeos sobre inmigración, lejos de suavizarse, se ha acentuado.

La inmigración domina la agenda política europea. Los ultraderechistas, y también los conservadores, instrumentalizan el malestar social para desviar la atención de sus causas socioeconómicas (desigualdad, precariedad e injusticia tributaria) y canalizar el descontento contra la inmigración, alimentando el miedo a la pérdida de la identidad con fines electorales. El propio presidente de la UE, Donald Tusk, critica que hay gobiernos que prefieren utilizar la crisis migratoria con fines políticos antes que resolver el problema.

La gran mayoría de los europeos, con excepción de Hungría y Polonia, apoyan la acogida de refugiados en la UE: 86% en España, 83% en Holanda, 82% en Alemania, 81% en Suecia, 79% en Francia, 69% en Grecia y 56% en Italia, según el sondeo realizado por Pew Research Center esta primavera.

El rechazo masivo de los ciudadanos es a cómo la UE ha gestionado la llegada de inmigrantes y refugiados, revela el sondeo. La desaprobación llega al 92% en Grecia, al 84% en Suecia, al 78% en Italia, al 74% en Francia, al 71% en España, al 66% en Alemania y al 58% en Holanda.

La insolidaridad europea ha generado un resentimiento hacia la UE en Italia y Grecia, que ha favorecido el avance electoral de la extrema derecha (La Liga en Italia y Amanecer Dorado en Grecia) y su llegada al Gobierno en Italia. La insolidaridad europea y la falta de una política común ha conducido a una persecución judicial de las organizaciones humanitarias que rescatan a los inmigrantes en el mar en Italia y Grecia y a una crítica a la labor de esas organizaciones desde Austria, Alemania, Francia y Holanda, acusándolas de crear un “efecto llamada”.

La crisis migratoria también provoca duras críticas desde Austria, Alemania, Francia, Holanda hacia los países del sur, a los que reprochan de no retener a los inmigrantes y refugiados, dejándoles llegar al centro de la UE. El canciller austriaco, Sebastian Kurz atribuye la reticencia de Grecia, Italia y España por la cesión de soberanía que implica el plan para reforzar los poderes de Frontex y la guardia europea de fronteras a que con esa reforma se verían obligados a controlar correctamente a los inmigrantes y ya no podrían dejarles pasar hacia otros países.

La UE, debilitada por su división interna, apuesta por soluciones ficticias, en lugar de aprobar fondos y medios adecuados para gestionar los inmigrantes que seguirán llegando (la diferencia de ingresos per cápita entre España y Malí es de 25 a 1 y con Guinea llega a 30 a 1) y los que ya se han acumulado (800.000 en Italia desde el 2008).

Pese al fracaso de los centros de control hot spots del 2015 y su desbordamiento en Grecia e Italia, los líderes europeos insistieron en la cumbre de junio en la solución mágica de crear centros de control cerrados en la UE y centros de desembargo en el norte de África y en confiar que ahora lograrán la rápida repatriación de los inmigrantes cuando llevan más de una década fracasando en ello. Ningún país de la UE, ni de los Balcanes, acepta estos centros de internamiento en que se han convertido los centros de control de las islas griegas. Tampoco ningún país norteafricano acepta centros de desembarco, admite la ministra europea de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. La nueva receta mágica de Salzburgo es llegar a un acuerdo con Egipto, aunque este país debido a su lejanía de la costa europea ha sido un foco marginal del flujo migratorio.

Abandonado el reparto solidario de la crisis migratoria, la UE deja en manos de los países del sur la gestión de esos flujos humanos con ayudas limitadas, mientras les exige que sigan recortando el gasto público. Esto lleva a situaciones de desbordamiento de los centros de acogida, con miles de inmigrantes viviendo en las calles en España o con inmigrantes menores durmiendo en las comisarías en Barcelona.