Los retos migratorios han pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda vasca. Después de un verano pródigo en tránsitos en el que la llegada de personas de origen subsahariano ha sido una constante, el Gobierno Vasco entiende que ha llegado la hora de ofrecer una respuesta a todos los niveles, para lo cual presentó ayer una propuesta de trabajo, con tres escenarios de actuación. El primero, Europa, donde propone compartir una responsabilidad de acogida según criterios fiscales, poblacionales y de desempleo. Trasladará además al Gobierno español una “agenda de trabajo” que aborde esta realidad, además de impulsar en Euskadi un pacto basado en la solidaridad.

Tres escenarios y un único objetivo: responder a las necesidades de las personas provenientes de otros países que “llaman a la puerta” en busca de un futuro mejor. El Gobierno Vasco hizo público ayer el documento de adecuación de su estrategia a los nuevos retos migratorios, que dejan tras de sí unas cifras ante las cuales las instituciones no pueden mostrarse indiferentes. Según la información facilitada ayer a este periódico por Cruz Roja, organización encargada de gestionar la ayuda de emergencia, son ya más de 3.260 las personas atendidas desde el 18 de junio, fecha que supuso un punto de inflexión ante esta realidad, cuando medio centenar de migrantes permanecieron desatendidos durante horas en la estación de autobuses de Donostia.

Aquella estampa, que parecía más o menos anecdótica, fue el preludio de unos flujos migratorios que se han mantenido durante todo el verano, y que han obligado a las instituciones a habilitar recursos en un tiempo récord y con carácter de urgencia, en un ejercicio casi diario de improvisación. A día de ayer el número de pernoctaciones contabilizado por Cruz Roja ascendía a 6.697.

Desde medidos de agosto, cuando se alcanzó el mayor pico de atenciones en una semana en el País Vasco –435 personas–, se constata un paulatino descenso de los flujos, que actualmente se sitúan “a niveles de mediados de julio”, según la información facilitada ayer por Cruz Roja. La recta final del verano trae consigo un paulatino decrecimiento, pero no por ello se diluye el drama humanitario, y menos aún si se aborda esta realidad en su conjunto.

La entrada de inmigrantes al Estado a través del mar se ha triplicado en lo que va de año, con 33.215 personas, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 11.464 migrantes. Según los últimos datos publicados ayer por el Ministerio del Interior, hasta el 15 de septiembre habían llegado al Estado por vía marítima como terrestre 37.979 personas, frente a los 16.090 que lo hicieron el pasado año a esa fecha. La mayoría de los migrantes llegados en pateras lo han hecho a las costas peninsulares y Baleares –31.822–, otros 611 a Canarias, 509 a Melilla y 273 a Ceuta.

ZONA DE PASOEuskadi, convertida en zona de paso para todas estas personas que buscan un destino mejor, no puede mirar hacia otro lado. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales junto a la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación viene trabajando conjuntamente para ofrecer una respuesta “interinstitucional, ordenada y solidaria”.

Pero el Ejecutivo autonómico se ha propuesto “seguir mejorando” la respuesta, y para ello presentó ayer una batería de propuestas “a todos los niveles”: vasco, estatal y europeo. El documento fue presentado ayer en un desayuno informativo en la sede de Lehendakaritza por la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia;el director de Política Familiar y Diversidad, Ernesto Sainz;el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y la directora de Víctimas y Derecho Humanos, Monika Hernando. Todos ellos comparten una misma lectura. No es fácil responder a un fenómeno en el que se entremezclan realidades tan diferentes y que responden a un sinfín de casuísticas, desde cuestiones relacionadas con el alojamiento a otras de índole jurídica: refugiados, solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados, migrantes económicos… “El reto migratorio no es ajeno al reto demográfico”, destacó Amilibia, consciente de que los países más prósperos “son aquellos que mejor han sabido promover la convivencia intercultural”.

El documento pone el foco en Europa. La propuesta que el Gobierno Vasco ha bautizado como Share (compartir en inglés), consiste en acordar un mecanismo concreto para que la responsabilidad en la acogida “sea compartida”.

El Ejecutivo autonómico basa su fórmula en tres ejes: los ingresos fiscales que, a su entender deben tener un peso del 50% a la hora de establecer el criterio de acogida;la población del territorio que abra sus puertas, con una incidencia del 30%, y la tasa de desempleo, con un 20%.

Esta es la fórmula que el Gobierno Vasco presentará en el Comité Europeo de las Regiones, cuya reunión tendrá lugar los próximos 9 y 10 de octubre en Bruselas. Estos criterios de reparto podrían aplicarse en el caso de personas refugiadas, migrantes en situación irregular y menores extranjeros no acompañados. “La aplicación de la clave Share se puede proyectar entre estados dentro de la UE, entre Comunidades Autónomas, entre municipios y comarcas”, indicó Jonan Fernández.

La novedad de la propuesta estriba en su carácter trasversal, “pero el mensaje que hay detrás de esta propuesta es que pedimos y ofrecemos un compromiso”, recalcó el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.

En la segunda parte del documento se contempla una batería de propuestas dirigidas al Gobierno español para definir una agenda de trabajo compartida. Además, plantea en Euskadi un Pacto social vasco para promover, entre otras medidas, una inmigración regularizada y una respuesta adecuada a las personas refugiadas. El objetivo de este pacto social es “alinear a todas las personas demócratas vascas en favor de una pedagogía de acogida e integración basada en la solidaridad y la corresponsabilidad”. El Gobierno Vasco quiere poner distancia con respecto a discursos tóxicos, ya sean populistas o xenófobos, así como a la propagación de rumores antiinmigración.