El Gobierno vasco ha anunciado este miércoles que coordinará con las diputaciones forales, que se encargan de la atención de menores extranjeros no acompañados (o ‘menas’), la puesta en marcha a partir de noviembre de un “plan integral de inclusión sociolaboral” de esas personas a partir de la mayoría de edad y aproximadamente hasta que cumplan los 23 años. “Las diputaciones hacen un gran esfuerzo con los ‘menas’ y es importante que ese esfuerzo no acabe con los 18 años […]. Es un colectivo muy vulnerable porque con la mayoría de edad salen de los centros de protección y en muchos casos se quedan bastante desamparados y van dando tumbos”, han explicado la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, y el secretario general de Derechos Humamos y Convivencia, Jonan Fernández, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Este colectivo, conocido como ‘jenas’ (‘jóvenes extranjeros no acompañados’), dispone ahora de programas de emancipación y de pisos sociales “pero hay una necesidad imperiosa de impulsar la atención socio – laboral”. Lo que se planteará desde noviembre es una “formación completa” de dos años para que al menos 250 jóvenes puedan tener acceso al mercado de trabajo. En Euskadi, se entiende que a partir de los 23 años es posible acceder a la renta de garantía de ingresos, el salario social para personas sin recursos o con ingresos bajos, y para los ‘menas’ el tramo de los 18 a los 23 años podía suponer un riesgo de exclusión social sin los apoyos adecuados. El plan de infancia y adolescencia de Vitoria puesto en marcha en primavera, por ejemplo, ya previó acciones especiales para este colectivo. 

Las medidas sobre los denominados ‘jenas’ se incluyen en un documento del Gobierno vasco con propuestas para responder “a los retos migratorios” elaborado conjuntamente por el Departamento de Políticas Sociales y la oficina de Derechos Humanos, dependiente de Presidencia. Entre ellas, Amilibia y Fernández han querido destacar un sistema de reparto de migrantes en tránsito y refugiados llamado ‘share’ (‘compartir’ en inglés) basado en el sistema alemán de distribución entre ‘länder’ o regiones y que determina cuántas personas acoge una comunidad autónoma en España – y también los Estados europeos – en función de sus ingresos fiscales (50%), población (30%) y desempleo (20%). La idea se presentará ante el Gobierno central y ante las instituciones europeas aunque Euskadi no tiene competencias para llevarla a término en solitario.

El Ejecutivo vasco ha reconocido, además, que la propuesta de reparto puede chocar con la voluntad de los propios migrantes. Según datos oficiales, solamente entre el 3% y el 5% de los migrantes en tránsito que han pasado este verano por Euskadi se ha quedado más de cinco días y de ellos sólo la mitad está más de 15 días. Son un total de 3.200 personas y una media de 5.700 pernoctaciones en los centros de acogida ( aunque también ha habido casos de personas durmiendo en la calle, principalmente en Irún). Su objetivo es cruzar a Francia, Bélgica o Alemania y la acumulación de personas registrada este verano ha tenido que ver con el ‘muro’ en el paso fronterizo de Irún – Hendaya, donde las fuerzas de seguridad francesas han redoblado los controles e incluso practicado ‘devoluciones en caliente’.

Las autoridades vascas entiende que en las últimas semanas ese flujo migratorio se ha reducido en relación a los picos de finales de julio y principios de agosto. Eso sí, no se ha detenido por completo. Este miércoles hay prevista la llegada de 67 personas a Euskadi. “Muchos no harán ni una noche”, ha indicado Fernández, que asume que “no se puede obligar a nadie” a entrar en un sistema de cupos por territorios y que habría que operar exclusivamente “teniendo en cuenta a los que quieran quedarse”.

El Ejecutivo ha destacado el “esfuerzo” realizado este verano ante este repunte imprevisto y la respuesta ofrecida. Hay ya en marcha cuatro centros de acogida de cuarta estancia, habrá otro de media estancia en Berriz y la oferta se completará con uno más en Oñati para refugiados en espera de que la Policía Nacional les dé cita para tramitar el asilo, para lo cual existe una espera media de “tres meses”. Este centro de Oñati tendrá 100 plazas ampliables en caso de mayor demanda y estará listo antes de finales de mes.

El Gobierno, asimismo, desea explorar un “pacto social para la migración”, que supondrían “alinear a todas las personas demócratas vascas en favor de una pedagogía de acogida”. Preguntados Amilibia y Fernández por quiénes no identificaban por “demócratas vascos” y si habían detectado colectivos xenófobos o racistas como los que han brotado en Europa, han señalado que por el momento “nadie” quedaría excluido y que, según datos que se presentarán próximamente, “los índices de tolerancia de la sociedad vasca [hacia los extranjeros] están mejor que nunca”.